La Fiscalía asume las pesquisas sobre el trato de favor del presidente de la federación, también imputado por prevaricación administrativa
14 dic 2016 . Actualizado a las 12:22 h.La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace varios meses a Ángel María Villar, presidente del la Federación Española de Fútbol. Así lo confirmó ayer la web elconfidencial.com, que asegura que la Fiscalía se ha hecho cargo de las diligencias previas de la querella que instruye el Juzgado número 5 de Majadahonda contra Villar y su vicepresidente económico, Juan Padrón, por beneficiar económicamente de forma irregular a los clubes Recreativo de Huelva y Marino de Tenerife.
Según elconfidencial.com, la Fiscalía Anticorrupción le comunicó al juzgado de la localidad madrileña que asumía la competencia del caso, porque ya había comenzado a investigarlo en el año 2015, varios meses antes de que Miguel Ángel Galán, candidato a presidir la federación, interpusiera la querella. En la denuncia, Miguel Ángel Galán acusaba al presidente de la federación de presunta malversación de fondos, administración desleal, prevaricación y corrupción deportiva, tras el supuesto trato de favor al Recreativo de Huelva y al Marino en la concesión de préstamos.
En la querella se denunciaba que la Federación Española de Fútbol financió a través del Comité Nacional de Entrenadores al Recreativo para que el club andaluz saldara una deuda que había contraído con José Luis Oltra y sus ayudantes, con lo que eludía la prohibición de fichar o, incluso, la posibilidad del descenso administrativo.
En su día, Miguel Galán ya había impugnado por la vía contencioso-administrativa la polémica resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que había desestimado la incoación de expediente disciplinario a Villar y a Juan Padrón por el caso Recre, para que, según las palabras del denunciante, los querellados «no puedan escudarse ante la justicia ordinaria que la deportiva había rechazado el caso». Villar y Juan Padrón declararán como investigados el 23 de enero para dar su versión de los hechos.
El juzgado de Majadahonda que admitió a trámite la denuncia también lleva la imputación de Villar por presunta prevaricación administrativa en la convocatoria de las elecciones, por la que declaró el 14 de octubre después de haber retrasado en un par de ocasiones su comparecencia. Una causa también impulsada por Galán y por la que el presidente de la federación podría enfrentarse a una pena de inhabilitación para cargo público de entre siete y diez años.