La Fiscalía pide el archivo de la «infundada» causa contra Cardenal

El Ministerio Público insiste en que la denuncia de Escañuela contra el presidente del Consejo Superior de Deportes «no ofrece solidez ni rigor»


REDACCIÓN / la voz

Ni solidez ni rigor. La Fiscalía entiende que la denuncia presentada contra el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, no se sostiene. Por eso el Ministerio Público pide el archivo de la causa por la que el juzgado de Instrucción 36 de Madrid le cita en calidad de investigado. La querella es un nuevo paso en las maniobras del defenestrado presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), José Luis Escañuela, como consecuencia de las irregularidades detectadas durante su gestión. Su primer intento de amedrentar a Cardenal se remonta al pasado mes de abril, cuando fue rechazado porque los argumentos utilizados para involucrar a Cardenal eran demasiado «superficiales» para verse involucrado en una investigación judicial.

Escañuela, apartado de la presidencia de la RFET desde septiembre del 2015, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) le inhabilitó por dos años, amplió el escrito en un segundo intento por conseguir la citación de Cardenal como investigado. Y, en contra del criterio del juez instructor, la Fiscalía entiende que las acusaciones contra el presidente del Consejo Superior de Deportes «siguen siendo infundadas», según recoge Efe. La segunda querella presentada por el expresidente de la Federación Española de Tenis «no ofrece solidez ni ningún tipo de rigor a la hora de abrir un proceso penal», tal como explica el Ministerio Público.

Cardenal está citado a declarar el próximo 19 de octubre. «Todo lo que hace el Juzgado de Instrucción número 36 es contra el criterio expreso y escrito del fiscal», explican a Efe fuentes del Ministerio Público.

En base a la denuncia de Escañuela, el juez instructor Juan Antonio Toro imputa a Cardenal los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, revelación de secretos e injurias y calumnias.

Más procesos frustrados

También en abril se desmontó otra denuncia de Escañuela en una dirección similar. Entonces el presidente del TAD, Enrique Arnaldo Alcubilla, fue desimputado tras una denuncia presentada por el exdirigente de la RFET. Esa clase de querellas, como las promovidas por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, tendrían por objeto amedrentar a los dirigentes que fiscalizan su gestión, según lleva denunciando meses Cardenal, que advirtió en mayo: «Si lo que pretenden es que no cumplamos con nuestra obligación de luchar contra las prácticas ilegales, continuarán fracasando. Lo he repetido ante la opinión pública cada vez que emprenden una acción legal».

«No existen indicios de la comisión de delitos»

«No existen indicios de la comisión de delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad en documento oficial o malversación de caudales públicos por parte de los querellados», asegura la Fiscalía en alusión a la denuncia contra Cardenal y la exdirectora general de Deportes, Ana Muñoz. Esta también se encuentra citada para declarar el 19 de octubre.

En los últimos años de su presidencia, Escañuela consiguió concitar un amplio rechazo en el tenis español. Decisiones personales y extravagantes, como el nombramiento de Gala León como presidenta del equipo de Copa Davis, le fueron alejando de algunos de sus más próximos colaboradores. En mayo del 2015 dimitieron cinco de sus directivos. «La forma de trabajar por la que apostamos en su momento, se ha ido oscureciendo, y se ha comenzado a caer en derivas inentendibles», explicaron en un comunicado.

En junio del 2015, La Voz reveló las controvertidas cuentas de la Fundación del Tenis Español durante los años 2012 y 2013, en los que se habían dilapidado unos 240.000 euros en partidas de dudosa justificación. En julio el TAD suspendió a Escañuela por obstaculizar la auditoría de sus cuentas y el proceso electoral que lo reeligió en el 2012.

Ya en septiembre del 2015, el TAD inhabilitó por dos años a Escañuela por la «especial gravedad en la continuada y persistente resistencia y desobediencia de la RFET en atender los requerimientos del CSD».

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