El presidente de la federación de tenis, con un estilo caudillista, fue abriendo frentes que hoy podrían acabar con una inhabilitación indefinida por parte del CSD
30 jun 2015 . Actualizado a las 12:54 h.«Lo primero que hay que hacer es traer la paz al tenis español». Palabra de José Luis Escañuela cuando sucedió al polémico Pedro Muñoz como presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en el 2009. Hoy eso lo gritan para pedir su marcha todos los jugadores de élite, un grupo de históricos, los dirigentes de las territoriales con más del 70% de las licencias y Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). La comisión directiva de este organismo puede apartar hoy de forma indefinida a Escañuela, ya inhabilitado por un mes por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por varias irregularidades.
Desde aquel día en que Escañuela se hizo presidente con 133 de los 174 votos de la asamblea, ha ido perdiendo apoyos. Con una gestión personalista, en la que exige a su equipo una fe ciega en su palabra, ha ido propiciando incendios en la parte económica, deportiva e institucional. Una huida hacia adelante que le sitúa hoy al borde del precipicio.
La pista del dinero
El primer problema lo generó Escañuela con una gestión opaca de los presupuestos, al destinar a la Fundación del Tenis Español (FTE) y el Observatorio hasta 700.000 euros -así lo cifra el CSD- cuyo uso no acaba de aclarar. La Voz desveló el viernes el despilfarro en partidas dudosas que muestran los libros mayores de contabilidad de la FTE de 2012 y 2013.
La Copa Davis
El pasado otoño, Escañuela abrió otro lío, al romper el pacto con los jugadores para la capitanía del equipo de Copa Davis. Nombró a Gala León, recibió el rechazo frontal del vestuario y utilizó algunas declaraciones desafortunadas para variar el debate y tachar de machistas a los tenistas.
El primer match ball lo tiene Escañuela a las cinco de la tarde en la comisión directiva del CSD, el órgano capacitado para tomar medidas como la inhabilitación indefinida de Escañuela o la intervención de la RFET. Según algunas fuentes, el CSD tiene documentación para dar encaje legal a decisiones de tal calado.
El CSD citó a las seis a los presidentes de las federaciones territoriales. Bien a iniciativa de Cardenal, bien a propuesta de algunos de los dirigentes más críticos con la gestión de Escañuela, se planteará la búsqueda de una posición común para pedir la dimisión del dirigente o forzar una moción de censura.
Así lo piden los jugadores y entrenadores que firmaron el domingo un durísimo escrito en el que piden a las territoriales, a los clubes y a los amantes del deporte, sin citar expresamente al CSD, que «con la mayor celeridad posible, actúen con la debida autoridad y responsabilidad».
Los bandos de las territoriales
Tras el primer mandato de Escañuela, varios dirigentes de territoriales dijeron basta, hace un mes se desligaron de su junta otros cinco. Algunos pasaron de su círculo a una acérrima oposición tras denunciar su liderazgo caudillista. Se negaba a mostrar las cuentas, las auditorías, los números...
Ante la reunión de hoy, los presidentes de las territoriales tienen, al menos, tres sensibilidades. Por la salida inmediata de Escañuela se pronuncian Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Castilla León, Castilla La Mancha y Aragón; por un relevo pactado se inclinarían Galicia, Navarra, País Vasco, Extremadura y Ceuta; serían aún la guardia pretoriana del dirigente Andalucía, Cantabria y Melilla, y se duda de la postura de La Rioja, Asturias, Canarias y Murcia.
La delicada censura
¿En este escenario prosperaría la moción de censura? No es seguro. «Es el momento de otra forma de hacer las cosas y un código ético», dijo Escañuela tras la votación del 2008. Hoy su gestión la resumen los 12.000 euros en caramelos de la cabalgata de Reyes Sevilla, que su directiva considera «promoción del tenis».
as facultades de inspección y control de la Administración sobre las federaciones se completan con un régimen disciplinario que permite sancionar a los directivos federativos por sus actos ilícitos.
En los casos más graves, la sanción puede consistir en la destitución del cargo. Procede esta sanción cuando el directivo sea reincidente en el incumplimiento de la normativa federativa de una forma grave o trascendente, en la incorrecta utilización de los fondos federativos (incluso de los privados, no solo de los fondos públicos) que superen el 1% del presupuesto anual federativo o bien cuando comprometa los gastos federativos en más de un 10% de su presupuesto anual y más allá de su mandato sin la precisa autorización administrativa para ello. Cuando no concurran esas circunstancias, estas conductas podrán deparar la inhabilitación temporal del directivo entre dos meses y un año y, en los casos menos graves, podrán saldarse con una mera amonestación pública.
La Comisión Directiva del CSD puede suspender provisionalmente al directivo expedientado por alguno de estos hechos. El tiempo de suspensión provisional en el cargo se descuenta del período de inhabilitación que se le pudiera finalmente imponer.