Villar no justificó gastos en campos de fútbol por ocho millones de euros

La cantidad corresponde a subvenciones públicas procedente de las quinielas

Ángel María Villar durante la última asamblea de la Federación Española de Fútbol
Ángel María Villar durante la última asamblea de la Federación Española de Fútbol

redacción / La voz

Ángel María Villar, más que la injerencia del Estado, está sufriendo una fiscalización de sus cuentas en toda regla y un control del uso del dinero público como no se había hecho nunca en este país. Por lo menos en el mundo del fútbol. Precisamente, fruto de este control, desde el Gobierno se le abrió un expediente de reintegro de subvenciones para la promoción del fútbol por valor de unos ocho millones, que es la cantidad que la Federación Española presidida por Villar no ha justificado. Se trata de dinero procedente de las quinielas y que el Estado entregó al ente federativo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. El destino del dinero era la construcción de campos de fútbol. Y, aunque efectivamente, los campos fueron construidos, no se ha acreditado documentalmente el destino detallado de los ocho millones.

Aparte de este frente, que no es pequeño, Villar debe afrontar la auditoría complementaria que ha solicitado el CSD sobre las cuentas de la Federación, asunto sobre el que el vasco tampoco está colaborando, tal y como reconoció ayer Miguel Cardenal, cuando manifestó que «lo que tiene que hacer Villar es dejar que se auditen las cuentas».

La respuesta de Villar ante las salvedades, irregularidades y falta de información que han encontrado los auditores, no ha sido la típica disparidad de criterios. Nada de discusiones técnicas sobre cómo se han hecho las cosas. El presidente eterno de la Federación se ha echado al monte y ha intentado organizar una rebelión contra Cardenal, buscando la movilización de otras federaciones y contando con la alianza del ourensano Alejandro Blanco, presidente del COE, quien tampoco parece estar muy de acuerdo con dar toda la información detallada de las cuentas de su organismo. De hecho, a pesar de la Ley de Transparencia, se niega a hacer público su sueldo, que según algunas fuentes supera con creces los 200.000 euros.

De momento, las amenazas de Villar y su desafío han encontrado firmeza en el CSD, para quien esta cuestión no deja de ser un asunto pautado. Es decir, se fiscalizan las cuentas, se hallan defectos y se pide que se subsanen; se encuentra falta de información y se solicitan más datos; y, finalmente, si no se arreglan las cosas, los abogados del estado pasan a la acción. Un protocolo que no debe obviarse, aunque sea el mismísimo Villar quien lo intente.

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