La ausencia de la Federación aplaza la aprobación del código disciplinario
16 dic 2014 . Actualizado a las 09:41 h.En pleno desencuentro entre el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el organismo que preside Ángel María Villar no celebró la reunión de su Comisión Delegada en la que se debían aprobar las nuevas medidas contra la violencia que estaba previsto entrasen en vigor este lunes. En consecuencia, la Administración anunció que adoptará «las medidas coherentes con el nuevo escenario creado por el incumplimiento por parte de la RFEF de los compromisos adquiridos ante el CSD y la LFP y comunicados públicamente a la sociedad». «La RFEF acaba de comunicar que no celebra en el día de hoy la Comisión Delegada preceptiva para la aprobación del código disciplinario y Reglamento general a los que se comprometió el pasado día 4 de diciembre (fecha en la que el fútbol español celebró la cumbre antiviolencia tras la muerte de un ultra del Deportivo).
La RFEF ha anunciado que aplaza esta reunión al próximo día 22 de diciembre», desveló en la tarde de este lunes el CSD, a través de un comunicado en el que subrayó que en la reunión de once días antes, los representantes de la RFEF (los presidentes de la territorial de Madrid, Castilla y León y la Asturias), «advirtieron que estaban complemente apoderados para la toma de decisiones, y que el día 15 de diciembre estaba ya convocada su Comisión Delegada». «Desde entonces se trabajó conjuntamente en la redacción de los mismos (código disciplinario y reglamento), disponiendo ya la FEF del texto definitivo desde la semana pasada», justificó el CSD, para denunciar la ruptura del compromiso del órgano federativo con el máximo organismo deportivo y la patronal de clubes que agrupa a las entidades profesionales y preside Javier Tebas. Miguel Cardenal y Ángel Villar mantienen unas tensas relaciones desde hace tiempo.
Están enfrentados por la negativa de Villar de aceptar la subvención del 1 por ciento de la recaudación de las quinielas. El motivo es que ello le obligaría a aceptar someterse a la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno en el año 2013, por lo que tendría que hacer público su sueldo, sus viajes y todos sus gastos.