Se ha sustanciado una parte del conflicto que enfrenta a la Liga de Fútbol Profesional con el Real Murcia. El asunto ha dado para escribir miles de páginas y aún seguirá vivo durante años. El caso no está terminado más que de forma provisional. Los mejores juristas han expresado sus opiniones sobre este litigio y no ha habido un acuerdo unánime sino discrepancias por todos lados. Ya se sabe que en Derecho pueden defenderse una tesis y su contraria con idéntico soporte legal y aquí nos encontramos ante la duda de conocer en profundidad cual de los litigantes ostenta la razón real, que no tiene por qué coincidir necesariamente con la judicial.
Sin entrar a juzgar el fondo de la cuestión, que corresponde a los tribunales, observamos dos decisiones distintas de dos jueces distintos de un mismo juzgado en menos de diez días. El titular del juzgado de lo mercantil numero 7 de los de Madrid estaba de vacaciones. Conoce del asunto un primer suplente que falla a favor del Real Murcia unas medidas cautelares sin necesidad de escuchar a la Liga Profesional. Entiendo que Su Señoría debía tenerlo muy claro para conceder esta medida cautelarísima.
A continuación, el juez en cuestión se va también de vacaciones y deja el caso en manos del sustituto de la segunda quincena del juzgado. Este ordena la inscripción del Real Murcia en Segunda A pero permite que se le descienda a Segunda B por impagos a la Agencia Tributaria, que aceptaba aplazamientos hasta hace un tiempo y que, actualmente, ya no acepta. Clubes que deben mucho más que el Real Murcia competirán mientras los granates son expulsados. ¿Justicia? Reflexión.
Previamente, la Agencia había emitido un comunicado en el que manifestaba que los impagos de los clubes no significaban el descenso de categoría sino una normativa interna, sin rango de Ley, de la patronal de clubes. Y ahí se queda en el aire, flotando de manera peligrosa, la interpretación jurídica que defiende que las medidas de control económico y financiero de la Liga Profesional no están debidamente protegidas por el marco legal del ordenamiento jurídico español. Un caos, con posturas extremas, declaraciones radicales y extremas, confrontación con el poder judicial y sensaciones raras respecto a la influencia de las relaciones personales entre los presidentes de la LFP y del Real Murcia. Este entiende que se ha hecho un traje a medida para expulsar al club del fútbol profesional.
Se anuncia un recurso a la Audiencia Provincial y, posteriormente, al tribunal de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, la entrada en escena de la defensa de la competencia abre múltiples puertas al derecho procesal, administrativo y mercantil y un futuro abierto de par en par al Derecho del Deporte. Se acaba de abrir la caja de los truenos.
Gaspar Rosety es presidente de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid.