Durante dos legislaturas, el PSOE tuvo mando en plaza en España para acometer el problema del fútbol de mil y una maneras. Fueron años en los que un tal Lissavetzky convirtió la Secretaría de Estado para el Deporte en una especie de ministerio de fotos. Se aprovechó de un puesto de responsabilidad creado para ofrecer un servicio público a los españoles y lo transformó en una plataforma política personal.
Lissavetzky consintió que la bola de nieve de la deuda del fútbol creciera y que los dirigentes del balón camparan a sus anchas. El que fue responsable del deporte español sabía lo que se cocía en la trastienda del fútbol, pero no movió un dedo por acabar con ello.
Por eso ahora produce una profunda vergüenza que el PSOE presente una proposición no de ley y pida que los clubes con deudas con Hacienda no puedan participar en las competiciones profesionales. A los pocos meses de perder el poder en las urnas, se les ocurren medidas contra los impagos después de años mirando hacia otro lado.
Pero al margen de si los socialistas tienen o no autoridad moral para hablar de este asunto, la realidad es que urgen medidas que acaben con la instrumentalización del fútbol por parte de sus dirigentes.
En un mundo civilizado no se sostiene que haya clubes que paguen a sus futbolistas sueldos millonarios al tiempo que no cumplen con sus impuestos; ni que existan dirigentes que viven como reyes a pesar de que falsifican contabilidades, esconden el dinero a Hacienda, usan los clubes en su propio beneficio y pisotean una y otra vez libertades, leyes y derechos.
Puede decirse que lo que tiene que solucionar el Gobierno, más que algo puntual, por grave que sea, como es la enorme deuda, es un problema cultural. Se trata de acabar con una cultura que ha proliferado alrededor del balón y que ha permitido que en España, los clubes hayan caído en manos de directivos que, más que enriquecer el fútbol, se han enriquecido en él.