Se acumulan los casos relacionados con el dopaje en el deporte español, mirado con recelo desde todos los rincones del planeta por sus sonados, continuados y variopintos éxitos. Solo en este año que concluye, una decena de corredores han sido cazados o acusados de irregularidades, entre ellos los ciclistas Alberto Contador, Alejandro Valverde o Ezequiel Mosquera. ¿Más tramposos que en otros países? ¿Legislación más laxa hasta que arreciaron las críticas procedentes del exterior en las que se afirmaba que España era un paraíso para el dopaje? Tal y como reconoció el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, hace ahora dos meses, este país se encuentra bajo sospecha desde hace muchísimos años, con el caso Muehlegg como punto de inflexión. El esquiador hispano-alemán pasó del cielo de Salt Lake City al infierno en solo ocho horas por su positivo por darbepoetina, la hormona sintética extraída de los hámsteres chinos que sustituyó a la EPO.
«El problema aquí no es mayor ni menor que en el resto del mundo», sentenció Lissavetzky antes de garantizar que el Gobierno aplica el sistema de tolerancia cero del que siempre presumió.
Reconoce que, aunque los laboratorios españoles están a la vanguardia tecnológica, existen dificultades para descubrir el consumo de sustancias prohibidas. Prueba de ello es que antes de la Vuelta, el Xacobeo, equipo de Ezequiel Mosquera y David García, pasó controles por sorpresa que dieron negativo; finalizada la ronda, al primero se le detectó hidroxietil y el segundo dio positivo por EPO.
También dieron negativo Marga Fullana y Maribel Moreno, pilladas en el Mundial de mountain bike y antes de la prueba en ruta de Juegos Olímpicos de Pekín, respectivamente. «El sistema funciona pero es mejorable. Madrid no perdió los Juegos Olímpicos del 2016 por dopaje», sentenció Lissavetzky cuando se le recordó que el COI criticó la política antidopaje de España días antes de la elección de Río de Janeiro. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que en febrero del 2007 entró en vigor la ley antidopaje que castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel a quienes suministren o induzcan al consumo de sustancias prohibidas. El principal objetivo de dicha ley es proteger al deportista y sancionar penalmente a su entorno, médicos y entrenadores que pretenden lucrarse con la administración y el comercio de productos dopantes. Una normativa dura que el Gobierno reformará en breve para suavizarla y adaptarla a las sanciones del Código Mundial Antidopaje. Las condenas para una primera infracción serán de seis meses, no de dos años.