La sede del Instituto Cervantes en Utrecht, a subasta por los laudos de las renovables
CULTURA
España inicia un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue a Países Bajos a levantar el embargo
01 jun 2026 . Actualizado a las 17:29 h.La sede del Instituto Cervantes de Utrecht en Países Bajos se encuentra en el ojo del huracán por el impago por parte de España de la compensación decretada por un tribunal de arbitraje a un fondo de inversión afectado por el cambio en el 2013 de la normativa de retribución de energías renovables. En concreto, la decisión está vinculada al impago de la deuda por el caso Eurus, filial de energía renovables de Toyota. Los acreedores afectados por el impago del recorte retroactivo de las primas a las renovables aseguran haberse personado en la sede de la institución para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble, valorado en 10 millones de euros por su ubicación como por las características arquitectónicas y patrimoniales del edificio. Sin embargo, el Instituto Cervantes emitió este lunes un comunicado en el que afirma que «en ningún momento» el fondo Blasket Renewable Investments ha tomado posesión del inmueble y confirma que la actividad tanto académica como cultural «sigue con total normalidad».
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayan que la gran mayoría de los laudos están hoy en manos de fondos de litigación especulativos que han comprado los derechos a los demandantes originales y que en algunos es posible aplicar medidas cautelares sin informar a España, es decir, puede haber embargos provisionales que España debe recurrir. «Es lo sucedido recientemente con la sede del Instituto Cervantes en Utrecht», afirman.
Asimismo, desde el departamento que dirige Sara Aagesen aseguran que España ha iniciado un procedimiento judicial para obtener una resolución judicial que obligue al bailiff -el funcionario público con autoridad para confiscar bienes reclamados por acreedores que sufren impagos- a levantar el embargo, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como «ayuda de Estado» a la Comisión Europea. Al mismo tiempo, el propio Gobierno neerlandés habría notificado al agente judicial del fondo de litigación Blasket su deber de levantar el embargo y cesar de inmediato cualquier actuación orientada a la venta del inmueble. En este contexto, desde el Ejecutivo español se apunta que la colocación de un cartel en la fachada del edificio «no constituye un paso adicional en un eventual proceso de venta».
El litigio obedece a las consecuencias del recorte retroactivo de las primas a las renovables que aplicaron los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. Este cambio de las reglas de juego en la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales. La actuación desarrollada en Países Bajos se suma a una creciente presión judicial internacional sobre España. Recientemente, la Administración de EE.UU recomendó al Tribunal Supremo estadounidense rechazar la petición presentada por España para revisar las sentencias que reconocen aproximadamente 700 millones de dólares en créditos a favor de distintos acreedores.
El Gobierno ofrece una lectura que matiza la imagen de derrota judicial generalizada. Según Transición Ecológica, de los 51 laudos presentados, 48 ya han sido resueltos: España ha ganado 11, tres han sido anulados, un demandante ha renunciado y tres han desistido, por lo que solo quedan pendientes de resolución tres procedimientos arbitrales. Asimismo, según fuentes de este Ministerio, sobre las reclamaciones totales de 10.635 millones de euros, los laudos solo han reconocido 1.870 millones, lo que supone una reducción de más del 80 % del importe demandado. El Ejecutivo interpreta esto como victorias sustanciales en el ámbito del arbitraje y recuerda que en 2019 aprobó medidas compensatorias para los afectados que contribuyeron a frenar nuevas reclamaciones.