La Mesa pola Normalización Lingüística y otras entidades piden al Congreso que impulse las lenguas «minorizadas»

Reclaman a los diputados que el «cambio» político tenga repercusión, entre otras lenguas, en la consolidación y avance del gallego


Madrid

La Mesa pola Normalización Lingüística y otras ocho entidades que trabajan a favor del impulso de las distintas lenguas «minorizadas» en España se presentaron este martes en el Congreso para reclamar a los diputados de varios grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Sánchez que aprovechen esta ventana de oportunidad para que ese «cambio» político que tanto pregonan tenga una repercusión directa en la consolidación y el avance del gallego, del euskera y del catalán, pero también del aragonés o del asturiano.

La convocatoria de las 11.00 horas quedó contraprogramada entre la reunión de la Mesa del Congreso y la Junta de portavoces, por lo que varios de los diputados, como Gómez-Reino (Galicia en Común), Gabriel Rufián (ERC) o Íñigo Errejón (Más País), abandonaron la sala Herrero de Miñón antes de que concluyesen las intervenciones. Otros estuvieron hasta el final, como Néstor Rego, diputado del BNG, Guillermo Meijón (PsdeG), Laura Borrás (JxCat), Joan Baldoví (Compromís) o Mertxe Aizpurúa (portavoz de EH Bildu). A pesar de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, había mostrado su disposición a asistir a esta presentación con carácter reivindicativo, finalmente no pudo asistir, lo que generó cierto malestar entre los representantes de las asociaciones lingüísticas. 

Marcos Maceira, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, fue el primero en tomar la palabra para reclamar que es «el Estado español el que debe adaptarse a la realidad lingüística, y no al revés», y denunciar que la administración central «no reconoce en toda su dimensión la existencia de lenguas diferentes al español», una «inacción» que provoca que «la amenaza» sobre las lenguas sea una constante.

Maceira puso un ejemplo de «xenofobia» lingüística, como el caso de un concello que se quedó sin 900.000 euros de subvención del Ministerio de Transición Ecológica por haber solicitado estos recursos solo en gallego, y no en castellano.

El próximo 1 de agosto el Gobierno tiene que responder al Consejo de Europa sobre las acciones que va a emprender y los recursos que va a dedicar para la defensa de lenguas cooficiales tras el reciente tirón de orejas que recibió de Bruselas. La Mesa y las otras organizaciones, como Kontseilua (País Vasco), Ómnium (Cataluña) o Iniciativa pol asturianu crearán un equipo de seguimiento para que el compromiso del Gobierno de coalición de revertir esta situación no acabe cayendo en saco roto.  

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