La SGAE no aprueba sus estatutos y se acerca a ser intervenida por Cultura

La dirección de la entidad reúne apoyos por debajo de los dos tercios necesarios


madrid / colpisa

Los socios de la SGAE rechazaron ayer con el 62 % de los votos a favor (era necesario más del 66 %, dos tercios) los nuevos estatutos de la entidad propuestos por la dirección encabezada por la soprano Pilar Jurado, una decisión que abre la puerta a que el Ministerio de Cultura le retire la autorización como entidad de gestión y a que la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) los expulse definitivamente, después de hacerlo temporalmente el pasado 30 de mayo.

En concreto, la propuesta de los estatutos aprobada por la junta directiva de la SGAE recibió el apoyo del 62,78 % de los socios (15.502), el rechazo del 36,07 % (8.907) y la abstención del 1,14 % (282). Aun así, esos apoyos recibidos suponen cuatro puntos más que los que consiguió el anterior presidente de la SGAE, José Ángel Hevia, que se quedó en el 58 %.

Una propuesta anterior también había sido rechazada, así que los socios decidieron ayer por tercera vez -la primera vez fue hace un año, bajo la presidencia de José Miguel Fernández Sastrón- ignorar las llamadas de atención del Ministerio de Cultura y de la Cisac, lo que puede tener unas consecuencias muy importantes, como la desaparición de la entidad en un caso extremo.

La votación del cuarto punto del orden del día, el más importante, los nuevos estatutos, se desarrolló en un clima de gran tensión, con peticiones de voto tanto a favor como en contra. La asamblea general de ayer era la última oportunidad que tenía la SGAE para adaptar sus estatutos a los requerimientos de Cultura, que se había hartado de las largas que le daba la entidad de gestión y había decidido llegar hasta los tribunales para garantizar el correcto funcionamiento de la entidad. 

La primera instancia a la que acudió el departamento de José Guirao fue la Audiencia Nacional, que sin embargo, rechazó la intervención judicial temporal de la SGAE y también la solicitud de remoción de sus órganos de representación, alegando que no era competente. Pero a pesar de este revés, y tras conocer la decisión de la Audiencia, el Ministerio de Cultura aseguró que no renuncia a la vía de los tribunales y anunció que explorará «todas las vías legales» en otras instancias judiciales.

Cambios

Desde septiembre del año pasado, el Gobierno ha efectuado reiterados requerimientos a la SGAE para que renovase la junta directiva en unas elecciones con voto electrónico (de manera que también pudieran acudir a las urnas los socios que no viven en Madrid), para que la entidad adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual y para que procediera al reparto de los derechos recaudados en el 2018 conforme a lo estipulado en la mencionada ley. En concreto, el plazo dado por el ministerio concluyó el 1 de febrero, y luego lo siguió un ultimátum de 15 días que tampoco fue atendido. El ministerio acudió a la Audiencia Nacional, pero su reclamación no fue atendida.

En el exterior, tampoco era fácil la situación de la SGAE. La Cisac decidió hace apenas tres semanas excluir a la entidad española durante un año por unas denuncias sobre sus actividades que calificó como «motivo de gran preocupación». La Cisac exigía a la SGAE «importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios para garantizar el cumplimiento de las reglas profesionales» de las sociedades que integran la coalición mundial. Aunque la sanción podría levantarse «en cualquier momento», la decisión tomada por los socios aboca a la SGAE a ser una paria en el contexto internacional de las entidades de derechos de autor.

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