El diputado de Ciudadanos enciende un viejo y polémico debate al reivindicar que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea un requisito para acceder a un empleo público en las comunidades autónomas bilingües
27 sep 2018 . Actualizado a las 20:57 h.Toni Cantó retomó el pasado martes en el Congreso un viejo y recurrente debate, el del uso de las lenguas cooficiales en la administración y el sector educativo. Lo encendió, y le echó leña al fuego con una controvertida afirmación: «Es un hecho que el castellano ha desaparecido de lugares como Cataluña, como Baleares, como la Comunidad Valenciana, como el País Vasco o como Galicia». Su discurso, categórico, no pasó desapercibido: en la Cámara, su iniciativa, que reivindicaba que el conocimiento de estas lenguas no fuese un requisito para acceder a un empleo público en las comunidades autónomas bilingües, sino solo un mérito, solo se hizo con el apoyo del PP, defensor de eliminar las «barreras lingüísticas»; en Twitter, la respuesta fue tan contundente como el enunciado del de Ciudadanos. Hubo palos: los que reaccionaron, que no fueron pocos, coincidieron en señalar lo desubicado que se encontraba Cantó con respecto a la realidad lingüística.
Rechazaron la proposición de ley de la formación naranja PSOE, En Comú, el PNV y los partidos independentistas catalanes, alegando que C's no respeta el plurilingüismo, que su única intención es las de generar confrontación. Durante su intervención, Cantó denunció que en algunas comunidades la convivencia entre las dos lenguas «no es respetuosa», tal y como recoge Europa Press, y que los partidos nacionalistas cometieron «abusos» desde los respectivos gobiernos. Además, acusó al PP y al PSOE de haber «contribuido a ello» al «mirar hacia otro lado».
«Queremos garantizar que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público», explicó el diputado, exponiendo que «muchos profesionales» se marchan de Cataluña o de Baleares porque no cumplen el requisito de conocer el catalán. Pese a que actualmente el catalán, el gallego y el euskera «gozan de una salud excelente», las autoridades de algunas autonomías están tratando de «imponerlas», manifestó, señalando que, en cambio, la «dificultad» de algunos políticos para expresarse en castellano demuestra que «existe un problema real en la enseñanza del español».
Tensión en el Congreso
El debate fue tenso, hasta el punto de que Ana Pastor se vio obligada a llamar al orden al diputado de C's en dos ocasiones, a amenzar con expulsarle del hemiciclo y a pedir a los diputados que mantuviesen «unas mínimas formas» y controlasen el lenguaje que utilizaban.
El catalán Joan Mena, de En Comú, acusó al partido de Albert Rivera de contar «mentiras» sobre un supuesto «conflicto lingüístico» con el fin de obtener «rédito político y electoral». «Dejen de ser la Santa Inquisición de las lenguas y de comportarse como unos hooligans del odio», pidió, para pasar a defender el derecho del ciudadano a decidir en qué lengua se dirige a la Administración Pública de su comunidad. También el PNV, EH-Bildu, Compromís y las formaciones independentistas catalanas rechazaron la iniciativa, coincidiendo en que Cantó ignoraba las competencias autonómicas y las sentencias del TC, y demostraba, en palabras de Joseba Agirretxea, «una clara finalidad incendiaria» y una «fobia uniformadora» comparable con el proyecto político de Primo de Rivera.
Tras recordar que los diputados no pueden hablar catalán en el Congreso, Joan Tardà, de ERC, le dio la vuelta a la tortilla, denunciando la «supremacía» del castellano en la Administración General del Estado y en los órganos constitucionales frente a las «menospreciadas» lenguas autonómicas.