Anticorrupción pide siete años de cárcel para Teddy Bautista

Europa Press MADRID

CULTURA

Gustavo Cuevas

El fiscal propone sentar en el banquillo por el desvío de fondos en al SGAE a otras 10 personas con penas que van de los 2 a los 12 años y medio de cárcel

21 sep 2017 . Actualizado a las 20:31 h.

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros para el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista por su implicación en el caso que instruye la Audiencia Nacional sobre el presunto desvío de fondos en la sociedad de autores.

El Ministerio Fiscal le imputa un delito de apropiación indebida, según consta en su escrito de conclusiones provisionales - de cien páginas -, en el que propone sentar en el banquillo de los acusados a otras diez personas vinculadas a la trama. Entre ellas se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE -filial digital de la SGAE-, para el que solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa. Además, otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar «la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis», empresa de su padre.

Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.

Perjuicio de 47 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

Hace algo más de dos semanas que el magistrado José de la Mata puso fin a la instrucción de esta causa proponiendo juzgar a las mencionadas once personas y concluyendo que la trama que formaban cometió delitos de organización criminal, falsedad, administración desleal y apropiación indebida.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

El tándem con Neri

En el escrito, el fiscal denuncia que Bautista --que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años-- dispensó «en todo momento un trato preferencial» a Neri, quien mantuvo una posición de «privilegio» debido a su cercanía con Bautista. Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como «sociedad de trato preferencial» de la SGAE se fortaleció «de modo imparable» en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una «malla societaria» con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un «inequívoco lucro ilícito» para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.