Exigen a los concellos el canon de bibliotecas desde el año 2009

María Cuadrado Fernández
María Cuadrado VIVEIRO / LA VOZ

CULTURA

Estantería de novedades en la biblioteca municipal de Viveiro.
Estantería de novedades en la biblioteca municipal de Viveiro. X. RAMALLAL< / span>

La asociación de bibliotecas públicas insta a la Administración a que no se pliegue a los intereses de las entidades privadas

06 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En los concellos reciben estos días las cartas que remiten Cedro, DAMA, SGAE y Vegap -entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual de autores de textos, musicales, visuales y audiovisuales- en las que les reclaman el pago por el préstamo de obras en bibliotecas, archivos y otras instituciones. Este nuevo paso ha vuelto a poner en alerta a la Asociación Profesional de Bibliotecarios Municipais de Galicia, que se opusieron desde el principio al real decreto, del pasado 1 de agosto, que desarrolla el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras. Desde el colectivo alertan que, además de las cantidades correspondientes al 2014, estas entidades de gestión también exigen a los ayuntamientos que satisfagan el canon con carácter retroactivo y desde el año 2009.

Desde la asociación, que preside la mariñana María Jesús Álvarez, solicitan la derogación o modificación del decreto para declarar exentas de este pago a las bibliotecas públicas, «xa que a directiva europea á que tanto se aferran permite aos Estados membros eximir do pago do canon a entidades de utilidade pública». Así, instan a la Administración a que «non se pregue» a los intereses de estas entidades privadas: «Non se pode pagar un canon a unha entidade que non sabemos a quen representa, nin o que paga aos seus autores...». Abogan incluso por que sea la propia Administración a través de una licencia nacional con fondos estatales la que se haga cargo de la remuneración, a la vez que demandan una moratoria en la aplicación del decreto que, dicen, pone en grave riesgo el futuro de las bibliotecas, que se verían obligadas a dedicar sus presupuestos a abonar el canon y no podrían renovar sus fondos o atender otras necesidades urgentes.