Los internautas piden un mayor control de las cuentas de la sociedad

madrid / efe

CULTURA

02 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Desde que a primera hora de la mañana se conocieron los primeros registros en la sede central de la SGAE, las reacciones no se han hecho esperar. La propia sociedad envió un comunicado en el aseguraba confiar en la inocencia de sus directivos. Además, afirmaban mantenerse a la espera de «conocer el sentido de las investigaciones y registros» de la Guardia Civil.

El músico canario Caco Senante, miembro de la junta directiva, mostró su pleno apoyo y el de «la mayoría de los socios» al presidente de la SGAE, Teddy Bautista, y a la institución, pese a la investigación abierta por un presunto desvío de fondos. Senante recordó durante sus declaraciones que todas las acciones del presidente de la sociedad están confirmadas por la junta directiva. «No somos conscientes de que se haya cometido nada ilegal», afirmó el músico.

fiscalización

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, acusó al Ministerio de Cultura de no haber fiscalizado correctamente las cuentas de la asociación: «Lo que ha ocurrido hoy es un toque de atención para Cultura y la ministra González Sinde, que son los que deben fiscalizar todas las cuentas de las sociedades de gestión de derechos de autor. Esas cuentas, y ya lo dijo en su momento el Consejo de la Competencia, no son transparentes ni claras».

La gente que se agolpó frente a la sede tras la expectación levantada comenzó a clamar frases como «¡Bautista, a todo cerdo le llega su San Martín!», «¡Que canten ahora!» o «¡No hay pan para tanto chorizo!», ante la desconcertada mirada de los empleados de la entidad, que durante horas no pudieron ni salir ni entrar del edificio allanado.

El Gobierno

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, eludió valorar la operación durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El vicepresidente insistió en que se trataba de un procedimiento judicial que el Gobierno «respeta, acata y cumple» y recalcó en varias ocasiones la necesidad de «esperar a que acabe».