En la operación fue arrestado el presidente de la entidad, Teddy Bautista. Se les acusa de desvío de fondos y de apropiación indebida.
02 jul 2011 . Actualizado a las 11:05 h.Golpe policial y judicial al corazón de la Sociedad General de Autores (SGAE). La Guardia Civil detuvo ayer al presidente de la entidad, Eduardo Bautista, y a ocho directivos de la gestora y familiares, acusados de haber desviado, durante años, dinero del polémico canon digital a sus bolsillos a través de un entramado de empresas que cobraban por trabajos que no realizaban. En el epicentro del supuesto fraude, que podría alcanzar varios cientos de miles de euros, está la Sociedad Digital de Autores de España (SDAE), una mercantil propiedad al 99 % de la SGAE, y su director general, José Luis Rodríguez Neri, hombre de confianza de Bautista.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa del instituto armado y de la Fiscalía Anticorrupción, el fraude se habría realizado durante años a través de la empresa Microgénesis, una firma dedicada a aplicaciones informáticas especializadas en derechos de autor y consultoría.
La última fase de la operación Saga se desató poco antes de las 11.00 horas, cuando medio centenar de agentes de la unidad económica del instituto armado, funcionarios de la Agencia Tributaria y personal de la Intervención General del Estado irrumpieron en la sede central para intentar recuperar documentación clave para el caso.
Los agentes también entraron en otros seis inmuebles (oficinas y viviendas particulares) en Madrid y Caños de Meca. En este último municipio, allanaron una casa de Rodríguez Neri. Los funcionarios también pidieron al juez autorización para bloquear varias cuentas bancarias relacionadas con Bautista, Rodríguez y los otros siete sospechosos arrestados. Se trata de Enrique Loras, director general de la SGAE; Ricardo Azcoaga, director económico y financiero de la sociedad; los directivos de Microgénesis Rafael Ramos Díaz, Eva García Pombo y Celedonio Martín; y la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, María Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente.
El juez encargado del caso, que en principio acusa a la trama de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, en realidad retomó una investigación que judicializó en marzo del 2010 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón. No obstante, Anticorrupción y Guardia Civil venían investigando a la SGAE y a Microgénesis desde hace tres años y medio, tras una denuncia que revelaba que la empresa compartía sede social y directivos con la sociedad de autores. «El reparto de recaudaciones de la SDAE (incluido el canon digital) se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios», rezaba dicha denuncia. Responsables de la investigación confirmaron que los principales perjudicados de la trama serían los autores que habrían dejado de percibir dinero por derechos de autor.