Las webs que vulneren los derechos de propiedad intelectual se cerrarán con un juicio ultrarrápido.
23 sep 2010 . Actualizado a las 21:15 h.El proyecto de Ley de Economía Sostenible, que incluye el espinoso debate contra las descargas digitales (la conocida como 'Ley Sinde') ha sido aprobado con 176 votos a favor y 169 en contra.
No hubo abstenciones. La ley contó con los apoyos del PSOE, PNV y Coalición Canaria. El texto pasará ahora a la comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde se discutirán enmiendas parciales, que se prevén numerosas.
La 'Ley Sinde' (así denominada por haber sido la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, su principal promotora) contempla el cierre de webs que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
Estos dominios de Internet se bloquearán tras un rápido proceso judicial por vía administrativa, lo que posibilitar bloquear las webs infractoras en tan solo cuatro días.
La decisión del cierre la tomará una comisión dependiente del Ministerio de Cultura. Dicha comisión será la que estudie cada caso y la que se encargue de advertir al propietario de la web infractora que retire aquellos contenidos que vulneran derechos de propiedad intelectual.
Si el denunciado hace caso omiso, la comisión trasladará el expediente a la Audiencia Nacional. El juez tendrá un plazo de cuatro días - desde el momento en que lo reciba- para pronunciarse sobre el bloqueo de la página denunciada.
Este es uno de los aspectos más controvertidos de la 'Ley Sinde' o 'Ley Antidescargas'.
El Partido Popular propone que el cierre de las web se realice en un plazo de nueve días y siempre bajo tutela judicial. Varios grupos de oposición, entre ellos numerosos internautas, instan al Gobierno a que presente una nueva ley de Propiedad Intelectual, independiente de la Ley de Economía Sostenible, y solicitan que se suprima el canon digital.
Oposición de los internautas
El pasado mes de diciembre un movimiento de blogueros e internautas suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet'. Su argumento se fundamenta en que la 'Ley Sinde' «defiende los lobbies industriales y ataca la esencia de internet», herramienta que se basa en la «libertad de enlazar, citar y compartir». A su juicio, ese no es el camino para afianzar o incentivar el sector.
El principal objetivo de la 'Ley Sinde' es luchar contra una piratería que en nuestro país alcanza niveles alarmantes.
Estados Unidos tiene a España en el punto de mira. Considera que la distribución de sus productos son saboteados por «una piratería incontrolada», lo que conlleva importantes pérdidas económicas.
A diferencia de la 'Ley Hapodi' (el equivalente en Francia a la 'Ley Sinde'), norma que bloquea el uso de Internet a los usuarios reincidentes, la ley española abarca más campo.
Además de cerrar las webs infractoras, exigirá a éstas a que identifiquen a los usuarios que vulneren los derechos de autor. La SGAE y Cedro, dos importantes asociaciones que velan por los derechos de propiedad intelectual, apoyan esta ley del Ministerio de Cultura.