¿Se mantendrá el concierto de El Cigala en A Coruña?: «No me entra en la cabeza que se pueda contratar a un maltratador»
VIVIR A CORUÑA
El artista está condenado por violencia machista a su expareja. El Ayuntamiento y representantes de la industria musical gallega exigen que se cancele la cita musical prevista para el 20 de julio en el parque de Santa Margarita
05 jul 2025 . Actualizado a las 10:37 h.El concierto que ofrecerá Diego el Cigala el próximo 20 de julio en el parque de Santa Margarita, en A Coruña, sigue en pie. Por el momento, la promotora Emotional Events, encargada de traer a Galicia al cantante de Lágrimas negras, no se ha manifestado en torno a la celebración de un bolo protagonizado por un artista que, desde el jueves, carga con una condena en firme por malos tratos a su expareja.
El Ayuntamiento pidió la cancelación del evento, que forma parte del ciclo Son Nordés, minutos después de que el BNG elevara el tono respecto a este evento. En un comunicado, no solo pidieron que se anulase el concierto del madrileño, sino que recordaron que otras corporaciones municipales como la de Elche, Murcia o Gijón, donde Diego el Cigala tenía eventos confirmados, ya habían anulado la actuación. «O goberno local non pode mirar para outro lado e amparar na súa programación un artista ao que se lle acaba de confirmar unha sentenza por violencia de género. O goberno de Inés Rey ten que liderar unha resposta institucional firme, contundente e coherente, en defensa dos dereitos das mulleres e en contra da violencia machista».
Antes de solicitar formalmente que El Cigala se caiga de un cartel que comparte con Luis Fonsi y Albano y Romina, la regidora coruñesa explicó que no tiene responsabilidad sobre ese festival. En su cita de cada viernes en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz, Inés Rey, indicó: «Nosotros no lo contratamos. Es un concierto que trae una promotora privada. Nosotros cedemos el espacio, como a cualquier otro promotor que cumple una serie de requisitos. Pero no podemos cancelar algo que no contratamos, promovemos o financiamos. Es competencia de la promotora», aseveró antes de posicionarse contra esta cita musical. Además, fuentes municipales aclararon que la contratación se produjo antes de que, el pasado diciembre, la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Jerez de la Frontera condenase a Ramón Jiménez Salazar —nombre real completo del cantante— a pasar dos años y un mes de prisión.
«Te pido que pongas que prefiero no dar declaraciones sobre este asunto». Ramón Barros, director de la promotora Cávea Producciones, no es el único dentro de la industria musical gallega que prefiere evitar un asunto que considera espinoso. Sin embargo, el vaivén de especulaciones sobre si finalmente se celebrará o no este concierto servía este viernes de comidilla en buena parte del sector.
«A ver si recapacita quien tiene que hacerlo», comentó Anxela Baltar, miembro del grupo Bala y representante del colectivo Mujeres en la Industria de la Música (MIM) en Galicia. Del mismo modo, y de forma muy explicita se expresaba ayer la programadora cultural Carlota Ojea. «Ante la violencia de género hay que tener tolerancia cero. Por eso creo que programar a un artista, independientemente de su valía musical, que tiene una condena por agresiones machistas es un no rotundo».
Esta profesional de la industria de la música considera que el compromiso para luchar contra esta lacra «tiene que partir de todos los frentes. «El pasado mes de junio fue terrible con la cantidad de mujeres víctimas de violencia de género que murieron a manos de sus parejas. Con esto quiero decir que, desde luego, a mí ni se me pasaría por la cabeza contar con alguien así. Es que además tiene una sentencia condenatoria desde hace meses».
Ojea afea al público que compra la entrada para ver a un maltratador subido a un escenario, a las instituciones que no han hecho nada, y a la promotora, que lo eligió como artista para su cartel. «El discurso no sirve de nada sin hechos contundentes. La cultura tiene que ser un espacio de valores positivos en el que no haya lugar para conductas que vulneran los derechos de las personas». Continúa: «El problema de contratar a este tipo de gente es que normalizamos los malos tratos mientras los asesinatos a mujeres no cesan».