El alcalde de Sada pide más medidas cautelares para evitar el expolio del pazo de Meirás
SADA
Benito Portela envió varios escritos a ambas administraciones argumentando que hay riesgo de que los herederos del dictador puedan retirar algunos de los bienes de su interior
18 jul 2022 . Actualizado a las 18:44 h.El alcalde de Sada Benito Portela envió varios escritos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, instándoles a adoptar medidas que impidan la retirada de bienes móviles del pazo de Meirás por parte de la familia Franco. Lo hace justo coincidiendo con el aniversario del golpe fascista que se produjo el 18 de julio de 1936.
En el escrito dirigido a la Administración General del Estado, pide que se establezcan medidas cautelares respecto a los muebles que se encuentran en el pazo de Meirás mientras dure el proceso judicial. En la carta enviada a la Xunta, Benito Portela solicita la incoación de un expediente de modificación del decreto de declaración de las Torres de Meirás como Bien de Interés Cultural (BIC) para incorporar al mismo los bienes, de manera que se asegure la integridad del espacio histórico.
En sus escritos, el alcalde de Sada recordó que el auto del Juzgado del pasado 15 de julio y la correlativa declaración del conjunto de bienes como inmuebles y pertenencias del pazo de Meirás para que no puedan ser retirados por la familia Franco no incluye la mayor parte de los bienes procedentes de la etapa de Emilia Pardo Bazán o de la dictadura. Argumenta que corren el riesgo de ser retirado por los herederos de Franco.
«O Concello de Sada fixo todo o posible para batallar cos Franco aos efectos de impedir o baleirado dos bens mobles de Meirás, pero non poder facer que lle corresponde ao Estado ou a Xunta», defendió Benito Portela. «Que os Franco, os herdeiros do ditador, poidan, en pouco tempo, sacar pola porta de Meirás mobiliario de Pardo Bazán, de Patrimonio Nacional ou bens colocados e instalados polo Estado desde 1938 ao 1975, seria amais dunha irresponsabilidade histórica, un dano irreparable para o dominio público e para a propia integridade de continente e contido do BIC», concluyó.
