El juzgado desestima la denuncia contra el alcalde de Sada por prevaricación administrativa

SADA

Imagen de archivo del alcalde de Sada, Benito Portela, durante un pleno
Imagen de archivo del alcalde de Sada, Benito Portela, durante un pleno MARCOS MÍGUEZ

Portela mostró su satisfacción y expone que en la contratación de un técnico de Urbanismo se cumplió la legislación

12 ene 2022 . Actualizado a las 18:34 h.

El Juzgado de Primera Instalación e Instrucción número 1 de Betanzos ha sobreseído provisionalmente la denuncia de USO-Galicia contra el alcalde de Sada, Benito Portela, de una supuesto delito de prevaricación administrativa en la contratación del técnico de Urbanismo, Medio Ambiente y Policía Urbana en Sada. «No se aprecia la existencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación en el sentido que se hayan adoptado decisiones arbitrarias con la intención de causar perjuicios, puesto que se siguieron las formalizadas y trámites de la legislación aplicable con un cierto margen de actuación por parte de la Alcaldía como se recoge en los informes de Secretaría», recoge el auto.

Portela mostró su satisfacción por una resolución que «evidencia que nunca existiron indicios de suposto delito nin decisións arbitrarias contrarias á lexislación aplicable, polo que agarda o seu arquivo definitivo». «No concurso dese posto de traballo non houbo nin ilícito penal nin administrativo, como así ficou debidamente acreditado; nin houbo trato de favor (foi un concurso público, ao cal so concorreu o funcionario que obtivo o posto) nin houbo decisión ilegal por parte deste alcalde. O posto convocouse porque estaba vacante, era urxente a súa cobertura, e en tanto non se provea definitivamente, o procedemento da Comisión de Servizos é perfectamente legal e axustado a dereito», comentó el regidor. Asimismo, precisó que la «comisión de servizos é un procedemento habitual, legal e regulado, para a cobertura temporal de postos vacantes que polas súas características e relevancia, como é o caso dun TAX de urbanismo, non deben estar vacantes. E é o que se fixo, un concurso público no que os requisitos eran os establecidos legalmente e no que o criterio de selección era un baremo obxectivo de méritos. Os requisitos de participación foron os que fixa a normativa legal e os que indicou tamén o informe de secretaría; un informe no que en ningún momento se cuestionaron tales requisitos».  

USO-Galicia había denunciado que ese puesto había sido asignado a través de una comisión de servicios, en noviembre del 2020, a un funcionario de carrera de la escala de Administración Especial, único candidato que se había presentado. Aseguraba que esa plaza había sido desempeñada siempre por un funcionario, del grupo/subgrupo A/A1, y de la escala Administración General y Licenciado en Derecho y que por lo tanto entendía que la convocatoria incumplía el ordenamiento jurídico al convocar una plaza de Administración General como Administración Especial.

El PP de Sada también había cuestionado esta contratación que vinculaba a cuestiones políticas. En este sentido, indicó que «el seleccionado Hipólito Pérez Novo, funcionario de carrera de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, dispone además de una amplia experiencia política de la mano del nacionalismo primero, y al servicio de la Marea después». Indicaba que había sido candidato en Betanzos Novo, había trabajado en el Concello de A Coruña durante el mandato de Xulio Ferreiro y había sido director de la APLU con el bipartito.

Este caso no es el único judicializado, ya que el C-SIF acusó al alcalde de Sada por incumplir los protocolos covid, en octubre del 2020, tras dar positivos varios miembros de la corporación. Si bien, el alcalde había indicado que se activó el protocolo en cuando tuvieron conocimiento del positivo «en coordinación co servizo de prevención de riscos laborais», desde el sindicato interpusieron la denuncia, que se estima que se archivó ya que fue anunciada en octubre del 2020 y el Concello no ha recibido ninguna notificación al respecto.

La única causa que se mantiene abierta en los juzgados contra el regidor, todas interpuestas por sindicatos con representación municipal, es la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Betanzos por un presunto delito de prevaricación omisiva tras la denuncia presentada por el exjefe de la Policía Local, Juan Carlos Arias Rodríguez, por la que el regidor sadense tendrá que declarar el próximo 14 de febrero.

«Estou citado a declarar o vindeiro 14 de febreiro», indicó Benito Portela en el último pleno, que precisó que esta denuncia vinculada a las denuncias a locales de hostelería durante la pandemia se produjo «once días despois de que o cesase como xefe da Policía».