El último cartucho para salvar la vivienda de un matrimonio de Sada

La familia apela a la Audiencia Provincial para que paralice el desahucio debido a su situación económica y médica


sada / la voz

El futuro de un matrimonio de sexagenarios de Sada sobre los que pende una orden de desahucio derivada de los problemas económicos que les dificultaron finalizar el pago de la hipoteca de su vivienda será decidido hoy en la Audiencia Provincial, tribunal al que apelaron después de que el de Betanzos no atendiera su recurso para que se paralizase. Amal, uno de los tres hijos de la pareja, se concentró ayer en el Banco Santander en el Cantón Grande coruñés, junto miembros de Stop Desafiuzamentos Sada, para que se atiendan sus peticiones y no sean despojados de la vivienda, adquirida en el 2005 y de la que llevan pagado más del 70 % de su valor, por unos impagos que sufrieron al llevarse por delante la crisis la tienda familiar.

Tras pancartas que defendían «el derecho a una vivienda digna» y en las que se cuestionaba «las hipotecas con cláusulas abusivas», Amal y el abogado de Stop Desahucios Antonio Vázquez remarcaron que la situación del matrimonio, de 60 y 61 años, sin recursos económicos y que han tenido que hacer frente a cláusulas hipotecarias de las que hay jurisprudencia como abusivas, justificaría que se suspendiera el proceso. En este sentido, criticaron que tuvieran suscrito un vencimiento anticipado, una cláusula suelo del 6,5 % y sin límite para cláusula techo. «Es una hipoteca que nadie hubiera firmado si supiera en qué consistía», reconoció Amal. La hija remarcó que su padre sufre la enfermedad de Adisson, una patología rara que empeorará con el estrés, lo que ha llevado a la familia a mantenerlo alejado de la decisión judicial que le puede hacer perder su vivienda. «Se solicitó la moratoria, pero ni tan siquiera le perdonan la vida», explicó la hija, que reconoció que esta situación les produjo un desgaste muy fuerte. «Tenemos la suerte de contar con mucha gente que nos ha apoyado en este último año», comentó en positivo, al igual que cree en que la Justicia se pondrá de su lado.

«Sin argumentaciones»

«El banco muestra una actitud contraria al precepto legal, también se le solicitó (la suspensión) y, sin argumentación alguna, se limita a decir que no se cumplen los requisitos», explicó el letrado del colectivo antidesahucios y aseguró que «persiste en su propósito de desahuciar a unas personas que, con arreglo a esta moratoria, tendría derecho a ese alzamiento», explicó Antonio Vázquez, que también cuestionó que el juzgado de Betanzos que tramitó el caso no argumentase el rechazo al recurso presentado por la familia.

El banco sostiene que no habrá alzamiento en caso de riesgo de exclusión

Fuentes de la entidad bancaria aseguraron que la entidad lleva desde el 2012 sin hacer alzamientos hipotecarios en caso de que los afectados estén en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad. Sin poder concretar ayer si el de los padres de Amal sería este caso, indicaron que en esos supuestos se busca una solución, que puede pasar por el Fondo Social de Viviendas. Sin embargo, la versión de la hija sobre el proceso que arrancó hace un año es distinto. «El banco era muy amigo y después ni quiso hablar», comentó, asegurando que intentaron negociar con el Pastor, que era con quien estaba suscrita la hipoteca, pero la única solución que les ofrecieron era la entrega de la casa; después con el Popular y, tras la compra de la entidad, con el Santander.

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