El comité de empresa critica la actitud de Sadamaioría, que cree que pone en peligro el proceso selectivo
28 may 2016 . Actualizado a las 13:57 h.La ampliación del proceso judicial contra un proceso selectivo en el Concello de Sada ha generado una tormenta política contra el actual gobierno municipal que llevó a una protesta de afectados y sindicatos el pasado jueves aprovechando la celebración de una sesión plenaria.
¿Qué está en cuestión?
Los cuadros de personal del Concello de Sada de los años 2005 y 2006, así como la Relación de Puestos de Trabajo del 2006, que suponían inicialmente 62 puestos, que finalmente quedaron reducidos a 61, al anularse una plaza.
¿Quién denunció?
El por entonces concejal del BNG Benedicto Álvarez (ahora colaborador de la Marea Atlántica), que cuestionaba estos procesos selectivos llevados a cabo bajo el mandato de Ramón Rodríguez Ares y una opositora que impugnó la base general y que consiguió que una plaza fuese anulada.
¿Qué falló el TSXG?
En el año 2014 contra las tesis del edil, pero el alto tribunal no profundizó por entender que le faltaba legitimidad al demandante, que había dejado de ser edil en el 2007. Su recurso fue desestimado también, pero al pedir un complemento de la sentencia, el tribunal cuestiona parte de las baremaciones que se habían empleado en su día en este proceso selectivo.
¿Qué hizo el gobierno?
Optó por solicitar una aclaración de sentencia porque considera que «ni el fallo ni en los fundamentos de derecho se precisa nada al respecto de la conservación de los actos del procedimiento selectivo».
¿Cuál es la denuncia del comité de empresa?
Su presidente, Manuel Ángel Ferreiro, acusa al Concello de no haberlos apoyado y explica que los trabajadores llevan diez años de lucha en solitario. «Si hubiese existido voluntad política ya se hubiera solucionado, más aún a mi pesar y después de haber intentado por activa y por pasiva dialogar tanto con el recurrente como con los políticos, desde el lado humanitario como el político, a nadie parece haber importado, aquí solo importa el escarnio laboral de 60 empleados públicos, ocasionado en su momento por una diferencia política».
¿Hubo negociación?
El gobierno local anunció que se reuniría con los sindicatos, pero ayer reconocía que la cortedad de los plazos se lo impidió. El comité de empresa ve suspicacia en cómo fueron planteados estos nuevos procesos judiciales y también en la diligencia con la que se llevaron a cabo, por lo que acusa al gobierno de Sadamaioría de ponerse «al lado del recurrente» y al alcalde, Benito Portela, de «desaparecer» tres días, lo que les impidió conocer de antemano que pedían la aclaración del primer fallo. «Los trabajadores no somos un arma arrojadiza al antojo de la política, somos familias y se está jugando con nuestro pan», explica Ferreiro, que justifica la protesta para «llamar la atención y dirigirnos a los partidos de la oposición».
¿Qué consecuencias puede tener?
El gobierno local espera en menos de un mes contar con la aclaración que podría conllevar desde un nuevo recuento de los méritos de las plazas en cuestión a la anulación de todo el proceso.