Pablo González, alcalde de Oza-Cesuras: «No soy yo quien debería dimitir por este conflicto»
OZA-CESURAS
La Fiscalía pide pena de cárcel para el regidor por la construcción de un local social
04 jul 2022 . Actualizado a las 11:09 h.La construcción de un local social en una parroquia de Oza-Cesuras ha desembocado en un juicio oral contra el alcalde, Pablo González Cacheiro (PP), por un presunto delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía pide para el regidor 27 meses de cárcel y 3 años de inhabilitación, igual que para los dos últimos presidentes de la asociación vecinal promotora de la obra.
—¿Piensa dimitir?
—No, rotundamente no. Creo que no es una situación para dimitir, sino para trabajar aún más. Sí recomendaría la dimisión a otra gente. El Partido Socialista (denunció la situación ante la Xunta y en el juzgado) dice que no pretende nada personal en este asunto contra mí. Yo entiendo la ideología política que puede tener cada uno, pero no entiendo los daños personales colaterales, provocados a las personas de estos presidentes y sus familias y a mí también. No soy yo quien debería dimitir por este conflicto.
—Pero no es su persona, es el cargo de alcalde.
—Ahora mismo quien tiene que responder es Pablo González Cacheiro, no el alcalde de Oza-Cesuras. Esto de la alcaldía es una bipolaridad muy curiosa, hace poco viví unas amenazas contra mí que tuve que denunciar como persona anónima aunque se dirigían al alcalde. Deberíamos estipular cuándo somos alcaldes. Si es cuando nos llama el 112 a las cuatro de la madrugada, porque a lo mejor no tenemos que coger el teléfono. O no trabajar después de las tres de la tarde. Y ya no hablemos de las vacaciones, porque a ver qué alcalde se coge un mes entero. Somos alcaldes para responder de todo, pero en cambio para otras cosas no.
—¿Cómo acabó esa denuncia de amenazas?
—En una multa de 60 euros para el denunciado.
—Este caso del local social se remonta al 2016. ¿No lo veía venir?
—Los vecinos, como en otros muchos sitios de Galicia, cogen un solar de concentración parcelaria e intentan ir construyendo poco a poco un local social. Aquí hay algunos que son albañiles, fontaneros, palistas… gente que está acostumbrada a trabajar en la construcción. Y decidieron emplear parte de su tiempo libre, los fines de semana, para hacer este local. Entonces, el PSOE denuncia la edificación. El Concello, con sus técnicos y funcionarios, decide que la mejor forma es que el propio Ayuntamiento asuma la titularidad para evitar tirar lo construido y buscar una solución, así que se realiza la donación. Ahora la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) determina que ya no es necesario demolerlo, una vez realizado un plan especial que costó 30.000 euros a las arcas del Concello.
—La Fiscalía pide 2 años y 3 meses de cárcel para usted, pero también para dos vecinos que eran los presidentes de la asociación que edificó el local.
—Y ante una cosa así piensas en tus padres, en tu hija, en todos los que te quieren. Creo que nos afecta por igual a todos, a los presidentes de la asociación como a mi persona y a mi familia, y a sus familias.
—Y tienes que aportar una fianza colectiva de 36.000 euros.
—Creo que eso no se acabará llevando a cabo porque es para cubrir una demolición que, según la APLU, ya no es necesaria. Sí que es verdad que hasta que salga la resolución judicial diciéndolo tendremos que considerar la fianza. Es una alarma social ir contra el bolsillo de estas personas. Yo afrontaré mi parte de la fianza, pero intentaré que la suya sea a través de rifas o crowdfunding, son personas que intentaban hacer algo por el colectivo de buena fe. Y muchas veces por desconocimiento, como se ha hecho en muchas parroquias de toda Galicia, nos encontramos con estos problemas.
—Además de la cárcel, la Fiscalía pide para ustedes una inhabilitación de 3 años. ¿Cómo cree que va a acabar esto?
—No lo sé. Se tendrán en cuenta muchos factores. Lo que sí puede decir es que el asesoramiento que recibimos fue el idóneo en todo momento. Creo que esto debería solucionarse de una forma sencilla. Pero también pensé que no se podía amenazar a un alcalde y a su familia en medio del pueblo y que costase tan poco. Ahí me ha decepcionado la justicia.
