El Concello había ganado el caso en los tribunales hace 9 años al dueño de esta vivienda, quien la vendió en el 2022
19 sep 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Sobre este conjunto de módulos de vivienda pesaba una orden de derribo desde hace casi un decenio. El nombre de la calle, rúa Ocaso, no vaticinaba un final feliz para este inmueble ubicado muy cerca de la rotonda del Che. El Ayuntamiento pleiteó con el dueño durante años hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó el fallo que ya había emitido un juzgado de primera instancia que daba la razón a la Administración local. Esta denunció por estar fuera de ordenación, ya que parte de la parcela de casi mil metros cuadrados era suelo rústico. Los magistrados destacaron entonces (2015) que el edificio no tenía acceso directo a la vía pública, ni tampoco a los servicios básicos. Las estructuras construidas ocupan una superficie total de 255 metros cuadrados y el año de construcción, según el catastro, se remonta a 1997.
Ayer se ejecutó la sentencia. Los módulos acristalados fueron desmontados por un equipo de operarios. Desde hace cuatro años, el Ayuntamiento de Oleiros elaboró un expediente de reposición. «Houbo multas coercitivas, moitos trámites, o anterior dono dilatou moito os prazos, houbo sentenzas polo medio, así se explica que se tardara tantos anos», explica María José Varela, concejala de Interior, Economía y Hacienda, Urbanismo y Sanidad y Consumo del Concello de Oleiros.
Ella habla del «anterior dono» porque esta finca y todo su contenido se vendió en el 2022. «Non levaron sorpresa, sabían o que mercaban porque se informaron no Concello, e os novos propietarios actuaron coa intención de poñer todo en orde», señala Varela. Pero fueron los actuales dueños los que también se encontraron con una sanción de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en julio de este año.
Otro caso ganado este año
No son pocos los pleitos que el Concello de Oleiros ha iniciado contra presuntas irregularidades urbanísticas. Este mismo verano, el TSXG le dio la razón en el caso de una finca con piscina, barbacoa y un desmonte que se habían realizado sin autorización, donde el Ayuntamiento pidió el derribo de estas tres partes, pero no de la vivienda. El alto tribunal desestimó el recurso de los propietarios al entender que «ha de seguir operando el principio legal que establece la ejecución de las resoluciones administrativas firmes que además inciden en el interés general en el cumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por el Ayuntamiento de Oleiros en su oposición al recurso».