En lo que va de año, en A Coruña se han desalojado okupas de varios inmuebles. El número 30 de la calle de la Barrera, ubicado en una zona céntrica de la ciudad, llegó a tener allanadores en tres de los cuatro pisos que componen el edificio. En el mes de enero, el Ayuntamiento desalojó al ocupante del tercero, del que es propietario desde el 2017, y lo tapió para evitar que volviesen a acceder a él. Hace menos de dos semanas, la Policía Nacional expulsó a los cuatro individuos que se alojaban en el segundo piso. Tres de ellos recogieron sus enseres y se fueron, y el cuarto fue detenido. La vivienda de la primera planta continúa okupada desde el mes de enero y su propietaria sigue a la espera de que se resuelva la demanda de desahucio.
En el número 37 de la ronda de Nelle, cerca del cruce con la avenida de Arteixo, también se produjo el desalojo de tres personas, dos hombres y una mujer, el pasado mes de febrero. Estos permanecieron en el inmueble desde diciembre del 2021, y durante los tres meses que se alojaron en la vivienda tuvieron lugar varios episodios violentos. Los okupas explicaron a las autoridades que una tercera persona les había alquilado —de forma ilegal— el lugar por 1.500 euros para que residieran en él durante un año. Diez días más tarde, los mismos individuos intentaron allanar un piso de la calle Ribadavia, pero su propósito se vio frustrado por la intervención de una vecina. En el número 12 de la calle Barcelona también se frenó un intento de okupación en febrero gracias al aviso de los vecinos y a la rápida intervención de las autoridades. Además, durante el mes de enero se procedió a un desalojo en el número 17 de la calle San Lucas, después de seis meses de allanamiento.
Por otro lado, también Oleiros ha sido escenario de varias okupaciones, las últimas a lo largo de esta semana. El pasado domingo, dos hombres accedieron a un adosado en el número 10 de la calle Ecuador: explicaba uno de ellos que había pagado una opción de compra del inmueble, entregando a la inmobiliaria una señal que no devolvían, y decidió quedarse hasta finales de año en la vivienda para cobrarse el adelanto, una versión que la inmobiliaria contradijo. A menos de un kilómetro permanece okupado otro inmueble, allanado por un matrimonio con un niño desde el pasado marzo.