El exalcalde de Miño Juan Maceiras solicita información sobre los contratos del Concello: «Es un ejercicio legítimo de control ciudadano»
MIÑO
Tras su inhabilitación, emprende una investigación sobre la contratación pública en la Administración local gallega
26 ene 2026 . Actualizado a las 10:25 h.Lo anunció hace unos días, cuando aceptó el pacto con la Fiscalía de A Coruña por el que queda inhabilitado durante cuatro años y medio para ostentar cualquier empleo o cargo público electivo. Juan Maceiras, alcalde de Miño durante diez años, entre el 2003 y el 2013, cuando renunció al cargo que pasó a ocupar su entonces compañero de gabinete, Jesús Veiga Sabín, ha iniciado su propia investigación para sacar a la luz una realidad que, sostiene, es generalizada: la prórroga de contratos públicos en los concellos. «Tengo un top 10 de municipios por los que empezar», apunta. Como no podía ser de otra forma, uno de los primeros es Miño, donde ahora gobierna el socialista Manuel Vázquez Faraldo. «No pretendo afectar a ningún alcalde, sino que los funcionarios se pongan las pilas. Hago esto para que se vea que esta es una práctica común y que la responsabilidad no es de los políticos», dice. El exalcalde del PP, acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que el Ministerio Fiscal pedía en un inicio diez años de inhabilitación especial —tanto para él como para el exregidor Jesús Veiga y una exconcejala, además, para estos dos solicitaba una pena de prisión por un delito de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito de malversación de caudales públicos— ha presentado una solicitud formal de acceso a información pública para conocer en detalle la contratación administrativa de Miño entre los años 2019 y 2025.
Un «ejercicio legítimo»
La petición, registrada al amparo de la Ley de Transparencia, se centra en varios servicios municipales clave. En concreto, Maceiras solicita copia electrónica de los contratos de limpieza viaria y de locales municipales, del servicio de abastecimiento de agua potable y del contrato de adjudicación de la explotación del local municipal destinado a cafetería en Rabazal.
La solicitud incluye acceso a documentación sobre los pliegos administrativos y técnicos, posibles acuerdos de prórroga, resoluciones o decretos que hayan autorizado la continuidad de los servicios tras el vencimiento de los contratos, así como los informes técnicos o jurídicos.
El exregidor reclama, además, la relación de pagos efectuados en el período antes indicado y, en caso de existir, la documentación relativa a reconocimientos extrajudiciales de crédito, reparos o advertencias formuladas por la intervención municipal en relación con dichos contratos.
La solicitud fue presentada a título personal. El Concello de Miño dispone ahora de los plazos legalmente establecidos para responder a la petición y facilitar, en su caso, la documentación requerida. Los siguientes pasos de Maceiras, médico de profesión ya retirado, son acudir a la Valedora do Pobo en caso de silencio administrativo por parte de Miño, así como dirigirse al Consello de Contas. Después del caso «piloto» de Miño, vendrán más concellos, avanza.
«Tras una experiencia personal previa en la que una práctica administrativa consistente en la prórroga indebida de dos contratos de servicios municipales fue considerada punible por la Fiscalía, y frente a la ausencia de un debate público o institucional que reconociera estas prácticas como un fenómeno generalizado, me planteo la necesidad de contrastar si dichas situaciones constituyen un caso aislado o, por el contrario, un problema estructural en la Administración local gallega», justifica Maceiras. «Un ejercicio legítimo de control ciudadano», describe así su actuación.