Tras 17 años de conflicto, los expropiados por Fadesa en Miño renuncian a cobrar recargo de intereses
MIÑO
El gobierno local llega a un acuerdo con los afectados para empezar a resolver el conflicto judicial
07 sep 2019 . Actualizado a las 21:58 h.El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y las más de 200 familias expropiadas en su día para ejecutar la urbanización Costa Miño han comenzado a firmar un acuerdo que supone el primer paso para resolver el conflicto judicial. Desde el gobierno local indicaron que a través de este pacto el Concello de Miño se compromete a gestionar, con cargo al Fondo de Ordenación 2020 del Ministerio de Hacienda, el pago de los intereses generados por el retraso de 17 años en el abono de los terrenos. Se establece como fecha límite para hacerlo efectivo el 31 de mayo del 2020. Así, los expropiados dan su visto bueno a la liquidación de todos los créditos contra la entidad local, derivados del procedimiento contencioso-administrativo que se ejecuta ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, renunciando a cobrar el recargo de intereses.
El alcalde miñense indicó que este acuerdo «significa un hito decisivo no solo en el mandato 2019-2023 del gobierno local, sino también en el futuro de Miño. Es una barbaridad hacer a las personas partícipes de las negligencias institucionales, y tenemos la responsabilidad de revertir la situación». Vázquez Faraldo, durante la reunión que mantuvo con los afectados, indicó que este paso será uno de los más importantes de todo el mandato: «Lamento profundamente el trato que habéis recibido desde el Concello desde el inicio de este largo proceso, allá por el 2002. He querido que todo el equipo de gobierno esté aquí presente, porque todos y cada uno de nosotros entendemos que sois afectados, y no culpables», indicó.
El regidor se mostró optimista por el esfuerzo que realizan todas las Administraciones para que el Concello de Miño cumpla son sus obligaciones financieras sin dejar de atender las necesidades de los vecinos. Explicó que los propietarios expropiados al fin podrán cobrar todo lo adeudado por sus terrenos y, a su vez, el Concello acabar «con la deuda histórica que tenía con ellos». «Se termina así con la sangría de un proceso judicial enmarañado, que ha costado más de un millón y medio de euros a las arcas municipales, entre abogados, procuradores y costas judiciales», dijo.