Miño debe asumir durante este año el pago de 2,7 millones para hacer frente a sentencias judiciales

Miño acogió ayer un pleno corto y con poca polémica, que sirvió para hacer balance del complejo estado económico de un municipio endeudado por sentencias judiciales derivadas de proyectos urbanísticos. Así, el Concello, según se reconoció, deberá afrontar en este ejercicio el pago de 2,71 millones para hacer frente a las deudas que deben abonar por las sentencias judiciales de Costa Miño y monte Piñeiro, partiendo de un remanente de 993.000 euros.

«El gobierno está llevando a cabo una gestión más que buena en términos de cumplimiento de todas sus obligaciones, hay que pensar que en el año 2017 también se ha pagado unas cuotas de monte Piñeiro, intereses y amortizaciones de deuda con los bancos, intereses de los 12,5 millones de euros y, con fondos propios, el 1 % que se debía a los expropiados que había quedado pendiente de pago», apuntó el regidor, Ricardo Sánchez, que remarcó como datos positivos el remanente y que han cumplido «con dos de las tres reglas de gasto». En este sentido, el regidor reconoció que la del límite de deuda «sigue sin cumplirse y por algunos años va a ser complicado que el Concello lo cumpla, pero lo importante es que asuma y pague sus compromisos», estimó. La lectura de la oposición no es tan triunfalista. El portavoz del PSOE, Manuel V. Faraldo, recordó que el remanente municipal en el 2015 alcanzaba 594.252 euros, por lo que apostilló que «realmente o esforzo [realizado polo Concello] nestes dous anos foi de 400.000 euros». Frente a eses datos, el alcalde aseguró que se ha logrado en ese tiempo bajar el límite de la deuda, que estaba en un 300 % hasta el 278 %, que atribuyó a la «desgracia» de tener que pagar a los expropiados, una denominación que no gustó al líder del PSOE que le recordó que se pagó porque en su día el gobierno popular no gestionó bien la tramitación y fue condenada, subsidiariamente, al abono de las expropiaciones. Asimismo, en el pleno se informó de la inadmisión de las alegaciones presentadas por la modificación de la plantilla, la creación del puesto de tesorero y del de un asesor de comunicación, una cuestión por la que el PSOE ya anunció que presentará un recurso.

La sesión se cerró con la incorporación al archivo audiovisual de las actas de los plenos, una cuestión que facilita la labor de la secretaria municipal, pero que se aprobó en uno en el que volvió a fallar la opción de verlo en streaming.

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