Una sesión muy hostil da luz verde a un documento que la propia interventora revela como «insuficiente»
02 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.-¿Y el teniente alcalde no dice nada?
-¡Bájate el sueldo!
-¡Me importa un bledo lo que cobran de IBI en Paderne!
-¿Dónde están los avales?
-Como imos ao centro de saúde? Nunha carrilana?
Si el público que acudió ayer al pleno de Miño representa el sentir de todo el municipio, al gobierno local le esperan dos años muy complicados y unos comicios nada halagüeños en el 2019. El alcalde y los seis ediles del PP aprobaron el plan económico financiero para encarar los primeros pagos al Estado y empezar a devolver el préstamo de 12,5 millones de euros con los que se abonaron las expropiaciones de Fadesa. Pero el alcalde y los seis ediles del PP alzaron las manos acorralados en un triángulo formado por las críticas del PSOE, el rechazo social de la grada y la demoledora sentencia de la interventora: «Estas medidas son claramente insuficientes».
Y entre esas medidas «insuficientes» destacan una subida del 0,6 del Impuesto de Bienes Inmuebles, una media de 10 euros en la tasa anual de basura, recuperar parte del servicio de recaudación delegado en la Diputación, o la concentración en un único edificio de todas las áreas municipales.
El portavoz del PSOE, Manuel Faraldo, comparó el plan económico con la reciente y desafortunada cucaña de las fiestas de Miño, que se convocó en marea baja. Después de recordar cómo los alcaldes anteriores miraban hacia otro lado mientras se inflaba la burbuja inmobiliaria con Fadesa al frente, Faraldo apostilló que la deuda real asciende a cerca de 25 millones y apuntó que, al no contemplarse en el plan financiero votado ayer, el alcalde podría incurrir en un delito de prevaricación. «Non ter en conta unha parte da débeda é grave», esgrimió. Se quejó de que entre cantidades millonarias el gobierno local considere necesario arañar 8.000 euros a las asociaciones locales. Y aquí propinó uno de los golpes de efecto más aplaudidos por el público asistente: «Home, 8.000 euros, xusto a diferenza do soldo que se subiu Veiga (teniente de alcalde), que pasou de 22.000 a 30.000 euros».
El pleno se iba volviendo cada vez más bronco. A los 50 minutos, dos guardias civiles y un policía local se posicionaron a pocos metros del salón. Jesús Veiga tomó la palabra y aquello fue gasolina al fuego. Los vecinos se le echaron encima y el portavoz del PP, representante elegido por el pueblo, mandó callar con no muy buenos modos. Se inició un duelo entre los representantes del PP y de PSOE. Fue el momento más cómodo para el alcalde, Ricardo Sánchez, que movía la cabeza como un árbitro de tenis. La bronca se enconó aún más cuando Veiga acusó a Faraldo de pedir para sí una dedicación parcial en un hipotético gobierno de coalición tras las elecciones, cuestión que el socialista negó. El pleno estalló entonces en mil pedazos. Los vecinos asistían atónitos a la penosa imagen que ofrecían sus representantes elegidos en las urnas. Al menos se logró votar y el plan se aprobó. Pero con la sensación de que se utilizará una aspirina para salvar a un enfermo terminal (la economía de Miño), y de que la corporación no parece estar a la altura de un reto tan complicado.