Miño pide al Estado 30 años para devolver el crédito de los expropiados

El Concello quiere evitar «graves medidas imposibles de soportar» a los vecinos


Miño / La voz

El Ayuntamiento de Miño ha puesto sus números al día y no le ha costado comprobar que le será imposible devolver el crédito al Estado de 12,4 millones de euros en el plazo convenido. El préstamo solicitado para hacer frente al pago de las expropiados debería quedar resuelto en el 2025, es decir, dos años de carencia y ocho más.

Pero ya a principios de año, el alcalde remitió al Ministerio de Hacienda una contundente ampliación del plazo para que los 6.000 vecinos de la localidad costera no se vean afectados de forma importante en sus bolsillos. El regidor ha sido contundente en su petición: en lugar los diez años acordados ha pedido treinta. «Pedimos una modificación de las condiciones financieras a las que actualmente está sujeta la operación de préstamo concertada por este Ayuntamiento con el Fondo de Impulso Económico (...) concediendo una ampliación del período de amortización de la misma hasta el año 2045», reza la misiva remitida por el alcalde Ricardo Sánchez. En ella también alude a consecuencias trágicas para la población de Miño, «con graves e injustas medidas de presión fiscal imposibles de soportar por la mayoría de los contribuyentes, pues tanto el recorte en gasto como la autofinanciación de servicios han resultado claramente insuficientes».

El Concello detalla a Hacienda en su comunicación que el pago de 1,5 millones al año para devolver la deuda en el plazo estipulado de diez años, provoca un ahorro neto negativo de 1,2 millones de euros, un agujero que se iría agrandando de forma insostenible con el paso de los años. De hecho, el nivel de la deuda sobre los ingresos corrientes liquidados en el 2015 es del 304 %.

Además, Miño también ha puesto en conocimiento del Gobierno central otro montante de sentencias judiciales firmes «con posterioridad a la adhesión al fondo estatal» por importe de 4 millones de euros, lo que agrava aún más la delicadísima situación.

En conversación con este periódico, Sánchez Oroza detalló que de no conseguirse ese aumento de plazo de amortización el Concello se vería abocado, según los informes redactados por el anterior interventor, a doblar la tasa del IBI y a prescindir de servicios como la escuela infantil municipal o el transporte el centro de salud. «La tasa de basura también se vería afectada, pero de una manera más modesta», matiza el regidor, quien aseguró que solicitará reuniones con todas las instituciones posibles, empezando por los diputados de la provincia de A Coruña en el Congreso. «Quiero hablar con la Fegamp, con la FEMP, con Núñez Feijoo, y por supuesto con Hacienda, pero nos está resultando imposible lograr un encuentro», se queja el regidor de Miño. De hecho, ya ha presentado por segunda vez su petición de ampliación de plazo después de que en la primera le diesen respuesta desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local pero solo para explicar simplemente que la ventanilla correcta es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. «Este objetivo forma parte del acuerdo de gobierno (con el PP) y estoy seguro de que lo vamos a conseguir», añade Sánchez.

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