Absueltos los tres socialistas acusados de amenazar al alcalde de Miño y a su mujer

El fallo enmarca los comentarios vertidos en la confrontación política tras las municipales


miño / la voz

La Justicia ha absuelto del delito de amenazas y coacciones a las cuatro personas, tres vinculadas con el PSOE de Miño, denunciadas por el alcalde, Ricardo Sánchez, y su esposa Patricia Mónica Maggiora, que fue también en las listas de Compromiso por Miño. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Betanzos asegura que las declaraciones vertidas en Facebook por la concejala Enma González, por Santiago Gómez, que iba en la candidatura del PSOE; el marido de la concejala socialista Catalina Morado, y otro ciudadano miñense se enmarcan en la «confrontación político-social evidente» que generó el nombramiento del actual regidor y, en algunos de los casos, las vincula solo a «defender con ese procedimiento unos derechos sociales que consideraban perturbados». Asimismo, el fallo califica las referencias a La vida de Brian como «licencia literaria». El juez circunscribe todas las declaraciones a la «libertad de expresión, en aras de la defensa de sus intereses sociales» y no a un ánimo amenazante. Además, relaciona alguna de ellas a declaraciones en las que se debatía sobre la situación política en el Concello tras las elecciones municipales.

Desde el PSOE indicaron ayer, tras conocerse la absolución, que lamentan «la utilización de la Justicia» por parte del alcalde «para ocultar su falta de argumentos políticos» y creen que se llevó a cabo solo para acallarlos tras su acuerdo con el PP.

Faraldo, amenazado de muerte

El PSOE cuestionó que el alcalde elevase a nivel de denuncia el debate generado por su nombramiento, pese a ser «hechos sin importancia», en un contexto, según reveló ayer, en el que su portavoz, Manuel V. Faraldo, había sido amenazado de muerte y él era conocedor. Seis correos electrónicos firmados por los Grupos Anarquistas Coordinados habían sido remitidos desde una cuenta que no ha podido localizarse, en noviembre del 2015, a la alcaldía, y en ellos se conminaba a Faraldo a abandonar Miño bajo amenaza de ser «ejecutado», una cuestión investigada por la Guardia Civil.

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