«Habrá que ver el lunes si ha llegado algún ingreso», desconfía uno de los afectados
29 ago 2016 . Actualizado a las 10:09 h.El Concello de Miño ha abonado a una veintena de afectados por las expropiaciones de la urbanización de Fadesa Costa Miño el dinero que les correspondía tras más de diez años. Los pagos abonados ascienden a cerca de 1.600.000 euros. Esta es la primera tanda de afectados que está percibiendo las indemnizaciones.
El alcalde de Miño, Ricardo Sánchez, afirma que «es solamente el principio. A medida que la gente vaya entregando los documentos correspondientes al completo se irán enviando los pagos con la mayor rapidez posible». Los afectados deberán presentar al servicio de Secretaría e Intervención una serie de papeles que acrediten la titularidad de los enseres expropiados. Una vez comprobado que todos los documentos están en regla y son correctos, se procederá a realizar el ingreso en una cuenta bancaria.
El total de los pagos que tendrá que abonar el Concello asciende a 12,5 millones por la deuda principal. Esto se debe a que en su día, el valor del terreno se fijó en 6,32 euros por metro cuadrado pero, posteriormente, un tribunal lo estableció en 25,9. El Concello, como responsable subsidiario de la actividad de Fadesa, tiene que pagar la diferencia.
Tras más de una década de esperas, los afectados se muestran escépticos ante la noticia. Uno de los expropiados afirma que «ayer [por anteayer] fui al Concello y los funcionarios me confirmaron que no se había hecho ninguna transferencia. De todas formas, aquí casi todos miramos la cuenta bancaria por la libreta, así que habrá que ver el lunes si ha llegado algún ingreso».
También se lamenta de las complicaciones para presentar todos los papeles: «Si el propietario está vivo es relativamente fácil, pero si están reclamando los herederos de fallecidos es más complicado. Los papeles tardarán más en llegar», aunque apunta que «mejor que lo revisen todo bien para no perjudicar más al pueblo de Miño».
Queda por conocer qué ocurrirá con los intereses generados por ese dinero durante los últimos años, que el gobierno local calcula en 900 euros diarios y la oposición eleva a 1.400.