Culleredo ordena precintar la carpa de eventos del pazo de San Fernando

La empresa Servicios de Cátering de O Temple presentará alegaciones


Culleredo

El Concello de Culleredo ha ordenado la paralización de la actividad de banquetes y eventos que se desarrolla en la zona de jardín del Pazo de San Fernando, en Liñares. Los servicios municipales han abierto expediente tras la denuncia realizada por la Asociación de Empresarios de Galicia (Ascega), en la que avisada del presunto desarrollo irregular de este servicio en dicha instalación.

En el expediente, la asesoría jurídica municipal concluye que la actividad referida de banquetes y eventos no se puede llevar a cabo en la zona de jardín del pazo. Allí figura instalada una gran carpa con baños, en una parcela que se ha constatado que es de suelo rústico, por lo que se trata de un uso sin título habilitante, según el artículo 35 de la Lei do Solo de Galicia. No ocurre lo mismo en la zona de planta baja del pazo, donde la empresa hostelera promotora sí puede realizar dicha actividad, al tratarse de suelo de núcleo rural según dicha ley.

Portavoces de la empresa Servicios de Cátering del Temple S.L. confirmaron que el plazo legal para presentar sus alegaciones concluye el próximo día 5 y que, por lo tanto, esperan que el precinto al menos no se ejecute hasta ese día. También recordaron que están dentro de plazo legal establecido de dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo en el juzgado contra esta orden de paralización. «Tenemos licencia de actividad para realizar los eventos dentro del pazo, otra cuestión diferente es la carpa, aunque vamos a intentar salvarla ya hemos presentado documentación en el Concello de Culleredo al respecto y estamos a la espera de una contestación», explicaron desde la compañía hostelera. Sus responsables confirmaron que esta situación no afectará a los eventos ya contratados para el mes de septiembre: «No se cancelará ninguna de las cuatro bodas que están reservadas. Podemos usar el pazo, para el que tenemos licencia de actividad en regla, y otras posibles alternativas. No vamos a dejar a ningún cliente sin evento», confirmaron. 

Desde el gobierno local indicaron que, el pasado 31 de julio, el Concello de Culleredo emitió una resolución en la que ordenó la paralización inmediata de la actividad de la zona del jardín. Se dio traslado de los hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que es la competente en materia de disciplina urbanística en suelo rústico, y a la Dirección Xeral de Patrimonio, dado que el pazo de San Fernando es un elemento catalogado. Días más tarde, el 16 de agosto, la Policía Local verificó que la actividad seguía desarrollándose y no se había interrumpido. En virtud del Reglamento de la Lei do Solo de Galicia, el Concello ha ordenado el precinto de dichas instalaciones del jardín, para garantizar el cumplimiento de la paralización de la actividad como se ha ordenado. «El precinto se ejecutará de forma inmediata», indicaron. «El Concello de Culleredo lamenta los perjuicios que se puedan ocasionar en terceros, pero es su obligación tomar este tipo de medidas al constatar que se está llevando a caso una actividad sin título habilitante, como requiere la ley», añadieron. 

Esta orden de precinto es la segunda que se produce en Galicia y, concretamente, en el área coruñesa, después de que el pasado 7 de agosto el Concello de Cambre ordenase el cese de actividad en el pazo de Brexo. Estas actuaciones municipales deriban de las denuncias presentadas por Ascega (Asociación de Emprendedores de Galicia) para la regularización de todos los recintos destinados a la celebración de bodas en Galicia. De hecho, desde esta entidad aseguran que «sobre el 40 % carecen de la licencia y seguro correspondientes».

En este sentido, indican que la normativa no permite la realización de eventos de este tipo con cualquier otra licencia como pueda ser de cátering o de instalación de carpa. «Y si no hay permiso de actividad, no hay seguro, planes de evacuación o prevención de riesgos laborales y que en caso de que sucediese algún incidente o percance, no hay ningún tipo de cobertura», asegura la Asociación, que añade que en este sentido, la responsabilidad sería de los propios organizadores, que son siempre quienes contratan el evento, en el caso de una boda, los novios.

Portavoces de la asociación valoraron de forma positiva este segundo anuncio de precinto porque significa «que en algunos concellos empiezan a cumplir la ley». Insistieron en que existe una tasa «muy elevada» de incumplimientos y que una parte del sector de eventos «estaba haciendo lo que le daba la gana». «Desde la asociación vamos a seguir intentando proteger al usuario así como a los locales que cumplen la ley y a los que están haciéndoles competencia desleal», añadieron.

Las empresas podrían enfrentarse a  «infracciones graves» con multas que pueden ir desde los 300 a los 30.000 euros, aunque con la modificación de la Ley de Organización de Eventos de julio de 2018 pueden llegar a 600.000 euros

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m. méndez
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