Una supuesta estafa urbanística deja en la calle a 21 vecinos de Culleredo

El promotor les prometió un piso en la urbanización que iba a levantar donde tenían sus fincas y sus casas

la voz

Vecinos de Vilaboa (Culleredo) andan estos días en los tribunales para ver si la Justicia les devuelve las propiedades que dicen que les quitó un promotor en 1999. Según la denuncia que llevó al constructor a estar imputado, este les prometió un piso en la urbanización que iba a levantar donde tenían sus fincas y sus casas. Firmaron la permuta, las viviendas fueron derribadas, pero nada se construyó. Peor que eso: cuando fueron al registro al cabo de los años para ver cómo estaban las propiedades, descubrieron que el promotor las había puesto como garantía de un préstamo de un millón de euros. Al no devolverlo, el suelo pasó a manos del que le dio el préstamo. ¿Cómo quedan entonces los legítimos propietarios que cambiaron sus casas por un piso? «Pues en la calle» si la Justicia no pone remedio.

El constructor en cuestión es Manuel Gómez Landeira, y el promotor que se hizo con las fincas es Antonio Fontenla, expresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, que esta semana acudió al juzgado a declarar como testigo, demostrando que desconocía por completo la situación en la que estaban las fincas en el momento en el que le entregó el millón de euros a Landeira, que supuestamente le ocultó el contrato de permuta con los vecinos.

Según aparece en la denuncia por un supuesto delito de estafa, los afectados, personas todas ellas de edad avanzada, algunas ya fallecidas en la actualidad, cambiaron sus fincas y casas por unos pisos que nunca les fueron entregados, con el agravante de haber perdido la propiedad de sus fincas como consecuencia de esta operación. Los contratos de permuta que firmaron en su día «se hicieron sin garantías jurídicas para los permutantes, que actuando de buena fe no contaron con asesoramiento, lo que les supuso un importante quebranto patrimonial: no incorporaron ninguna cláusula resolutoria del contrato en caso de que el constructor no entregase los pisos», según su abogado, el penalista coruñés Manuel Ferreiro.

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