A Coruña aprueba por la mínima su primer año con el precio del alquiler intervenido

Laura García del Valle
Laura G. del Valle A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

Imagen de la calle San Andrés, en A Coruña
Imagen de la calle San Andrés, en A Coruña ANGEL MANSO

Los inquilinos pagan menos que en el 2025, pero la oferta ha menguado. El Gobierno declara Santiago zona de mercado tensionado

30 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Los resultados se verán en los próximos meses». La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pedía hace un año prudencia, cautela y serenidad ante una polémica medida que se ponía en marcha en la urbe —por primera vez en Galicia— con una voluntad muy clara: contener el desbocado precio de los alquileres. Quienes defendían que la zona tensionada aumenta las opciones de vivir bajo un techo digno se enfrentaron a los que clamaron contra una medida que a su juicio vulnera el derecho a la propiedad privada. Doce meses después de que A Coruña tomase la delantera acogiéndose a la Ley de Vivienda, los datos muestran luces y sombras.

Hay muchas formas de leer las consecuencias que ha dejado la zona de mercado residencial tensionado, pero algunas son más objetivas que otras. Por ejemplo, es una realidad que, comparando los primeros cinco meses del 2025 —los precios aún estaban sin topar— con este mismo período en el 2026 —con el mercado aplicando limitaciones—, según el Observatorio de Vivenda de Galicia en A Coruña el alquiler bajó un 0,8 %. Este dato es llamativo porque es la única urbe de la comunidad que consigue contener la escalada de los arrendamientos, coincidiendo con que, hasta ahora, era también la única que tenía el mercado intervenido.

Hasta aquí lo positivo, porque en el reverso de la moneda la fotografía deja una relevante caída en el número de viviendas que salen al mercado para alquiler tradicional. Según el Observatorio de la Xunta, los contratos firmados se redujeron un 20 % en los cinco primeros meses del año respecto a los sellados entre enero y mayo del 2025. El mayor descenso, como refleja el gráfico de la derecha, se produjo en la zona de Eirís, A Gaiteira, Matogrande, Os Castros y O Castrillón. Es el Ensanche donde menos ha bajado la firma de nuevos arrendamientos.

En la inmobiliaria Remax, directamente, alertan de que en la actualidad no tienen pisos para alquilar a familias. «Las 300 propiedades que tenemos o son para venta o para alquiler de temporada —pensado para estudiantes y trabajadores—». Esta modalidad se encuentra al margen de la norma y, por tanto, permite a los dueños poner el precio que quieran a sus inmuebles. Además, cuentan, «cada día tenemos que decirles que no podemos ofrecerles nada a las 5 o 10 personas que vienen buscando un arrendamiento».

A Coruña era hasta ahora la única ciudad de España de las declaradas zonas tensionadas en la que no se persigue el fraude, ya que es la Xunta la encargada de multar a quienes infringen la ley, y el Gobierno gallego se opone a esta medida. El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Ejecutivo de Alfonso Rueda ha ido cogiendo temperatura por una herramienta que en Galicia funciona a medio gas. Por eso, Rey exige a la Xunta que «desenvolva a parte autonómica da normativa igual que fixeron noutras comunidades», ya que sin régimen sancionador «a efectividade da norma é máis limitada» y adelanta: «Falaremos con Santiago para que se sume á petición».

Insiste la regidora en que la herramienta es «temporal», «non unha solución definitiva», «pero serviu para conter os prezos». Y añade: «A solución definitiva, sen dúbida, pasa por que a Xunta faga o que leva décadas sen facer: construír vivenda pública. O que non podemos facer é dicirlle ás persoas que non poden acceder a unha vivenda que esperen cinco, ou seis, ou dez anos a que a Xunta constrúa esas vivendas que di que vai construír».

La implantación de la zona tensionada en A Coruña forma parte de un paquete de medidas que pretenden que el acceso a la vivienda vuelva a ser un derecho para los ciudadanos. Pero no todas dan los mismos frutos. Poco antes de que se estrenase la zona tensionada, la nueva ordenanza de viviendas de uso turístico (VUT) ya había agitado el debate en esta ciudad. La medida limitaba los pisos turísticos a primeras plantas y bajos, o a edificios destinados íntegramente a este uso, aunque desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia indican que «la ordenanza no ha provocado un cambio al modelo de alquiler tradicional».

En el gobierno local reivindican otras medidas correctoras que han puesto en marcha para paliar el drama del acceso a la vivienda, como la cesión de suelo a la Xunta para construir inmuebles sociales; el desarrollo de nuevos polos urbanísticos como Visma, donde se construirán un millar de viviendas sociales o la inversión de diez millones de euros en un edificio de 50 viviendas de alquiler social en el nuevo barrio de Xuxán.