Multa de 200 euros a una invidente por estacionar con una tarjeta caducada que no leía al no estar en braille

El pasado 19 de enero, Yésica Val acudía, como otras muchas tardes, al teatro de la ONCE. No conducía. Como es habitual, un conocido la recogió y la llevó en coche. Para no causar molestias ni gastos innecesarios, decidió utilizar una plaza de estacionamiento reservada para personas con discapacidad situada frente al edificio, haciendo uso de su tarjeta. La sorpresa llegó poco después en forma de multa: 200 euros por estacionar en una plaza reservada con la tarjeta caducada. «Nos cayó de sorpresa. Pensamos: “¿Qué pasa? ¿No vieron la tarjeta?”», recuerda. El certificado, explica, había caducado un mes antes. Un dato que desconocía por completo. «Yo honestamente no sabía que esa tarjeta tuviera fecha de caducidad. Si me lo dijeron alguna vez fue hace muchos años, y yo no la veo», señala. La mujer es invidente desde hace años y su discapacidad es permanente. «La ceguera es para siempre», recalca Val.

La sanción aplicada fue la misma que se impone a quienes ocupan una plaza reservada sin ningún tipo de autorización: 200 euros, con reducción a 100 por pronto pago. Una cuantía que considera desproporcionada. «Si me quieres multar, ponme 30 o 60 euros, pero no me pongas 200 euros como si yo no tuviera ni discapacidad ni tarjeta, porque mi tarjeta es renovable. Yo tengo la discapacidad, es permanente, la ceguera es para siempre. Entonces me parece muy injusto», resume. El malestar aumenta al comprobar que la sanción fue dirigida al conductor del vehículo, el marido de una compañera que la trasladaba de forma altruista. «Encima de que me hace el favor de llevarme y traerme, la multa le llega a él», lamenta. El conductor ya ha abonado la sanción y, según explica la afectada, se niega a aceptar el dinero. «Tiene más empatía que los organismos», afirma Val.

En otros casos sí se notifica que el documento va a caducar

Desde entonces, asegura no haber recibido respuesta del Concello de A Coruña a la reclamación presentada por registro ni a los correos enviados posteriormente. Tampoco a las comunicaciones remitidas al Valedor do Pobo. «No nos han contestado a nada», sostiene. Más allá del importe económico, la afectada pone el foco en la falta de accesibilidad del sistema. «Para la ITV o para el carné de conducir sí se envían avisos cuando caducan. En este caso, no», señala. También cuestiona que la tarjeta no incorpore información en braille. «Si yo pudiera tocar una fecha, sabría cuándo caduca».

Mientras espera una respuesta administrativa, ha impulsado una recogida de firmas en Change.org bajo el título «Cuando la burocracia castiga exactamente a quien dice proteger: la ceguera no caduca». En ella no reclama un trato de favor, sino una revisión de los procedimientos. «Yo tengo la discapacidad y tengo la tarjeta. No puede ser que se me sancione igual que a quien no tiene nada».

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