Aprobada por unanimidad la moción del PSOE para reclamar la titulación de Medicina para A Coruña

M. Carneiro A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

La alcaldesa, Inés Rey, y el edil José Manuel Lage
La alcaldesa, Inés Rey, y el edil José Manuel Lage César Quian

El pleno también dio luz verde a la ordenanza de viviendas turísticas que ilegalizará el 50 % de los pisos

05 jun 2025 . Actualizado a las 16:06 h.

Dos minutos de silencio en memoria de las dos mujeres, una de ellas menor, asesinadas en España en el último mes abrieron este jueves el pleno municipal de A Coruña, que aborda asuntos de enjundia como la ordenanza de las viviendas turísticas, el impuesto que gravará las estancias de los visitantes o la construcción de 1.000 viviendas en O Castrillón.

La primera votación dio el visto bueno al convenio de colaboración interadministrativo entre el Ayuntamiento y la UDC para impulsar la Cidade das TIC, el polo de innovación de la antigua fábrica de armas. Este acuerdo, que tiene un soporte financiero de 11,2 millones de euros, queda supeditado a la transmisión por parte del Ministerio de Defensa de los terrenos cedidos a la UDC en el 2020. Una vez autorizado el traspaso, el Ayuntamiento cederá a la universidad tres edificios y compromete el apoyo financiero para su rehabilitación en diferentes anualidades.

«Cónstanos que hai interese da Xunta e do Estado de facer un espazo de oportunidade en termos económicos», señaló el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, que celebró la coincidencia de los tres grupos municipales en la necesidad de reforzar un proyecto estratégico relacionado con el I+D+i, la vanguardia tecnológica y el desarrollo sostenible. El PP se abstuvo: «Non nos queda claro o compromiso do Concello», objetó la concejala María Jesús Fariñas. Y el BNG votó a favor, aun con una demanda de mayor firmeza en la exigencia de compromiso a la Xunta.

Plan económico-financiero

El plan económico-financiero al que se acogió el gobierno local después de suspender la regla de gasto en el 2024  salió adelante con los votos a favor del PSOE y el BNG, que condicionó su respaldo a que «o goberno asuma un compromiso claro de transparencia e que todos os meses dea conta detallada na Comisión de Economía e Facenda, non só verbalmente senon aportando documentación, do grao de execución orzamentaria», advirtió Francisco Jorquera.

La aprobación de este plan, que mereció el voto en contra del PP, es imprescindible para que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo la operación de préstamo recogida en los presupuestos del 2025, y las inversiones previstas en las cuentas públicas. A esta condición se refirió el portavoz nacionalista, que obtuvo el compromiso del gobierno de «dar conta, este mesmo mes de xuño, das transferencias, dos investimentos e da tramitación dos convenios».

Lage Tuñas cifró en 355 millones de euros los ingresos del 2024 y en 324 millones la ejecución de gasto en el 2024. «Según o Consello de Contas, A Coruña é a cidade de Galicia con maior nivel de execución orzamentaria de Galicia, o 86 %», apuntó el portavoz.

Vía libre a la tasa turística

Menos abstracta, la nueva tasa turística, que gravará las estancias entre 1 y 2,5 euros por persona y día (hasta un máximo de cinco pernoctaciones) en cumplimiento de la ley autonómica y a fin de «garantir a sostenibilidade dos servizos e a calidade de vida dos veciños», señaló Lage, dio lugar a una crítica general de los dos grupos de la oposición al gobierno por la falta de política turística. Aludieron el portavoz popular, Miguel Lorenzo, y Francisco Jorquera a la vacante del puesto de gerente del Consorcio de Turismo desde hace 13 meses, lo que motivó que José Manuel Lage anunciara la convocatoria de la plaza que dejó Moisés Naranjo antes de las vacaciones de verano. 

Insistió Lorenzo en que «no existe en A Coruña presión turística, no inventen, recibimos 486.000 visitantes, son 1,9 por habitante», anotó, y a la falta de diálogo que censuraron vecinos e instituciones durante el período de consultas sobre el nuevo tributo abierto por el equipo de Inés Rey. El portavoz del PP abundó en que A Coruña será el único puerto (discutido por Jorquera) donde se aplicará la tasa a los cruceristas, a partir del 2026, acotó Lage, con el riesgo de que «las navieras decidan recalar en otros muelles», alertó, y aludió al turismo interior, de fin de semana, atraído por las iniciativas culturales de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) o la Fundación Barrié. 

Finalmente, entre referencias al cine, el landismo y el filme La edad de la inocencia (dedicado por Lorenzo al BNG por condicionar su apoyo al compromiso del gobierno, «¡a estas alturas!», exclamó Lorenzo), el nuevo impuesto fue aprobado inicialmente con el respaldo de socialistas y nacionalistas, y el voto en contra de los populares.

Retraso en las playas

Polémica, porque va a entrar en vigor cuando el verano ya estará muy avanzado, la nueva ordenanza de playas prohíbe la venta ambulante, las acampadas, el fuego (caso aparte el San Xoán), el uso abusivo de los altavoces, el empleo de geles en las duchas y lavapiés, la presencia de perros entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (salvo en Bens) o los juegos de pelota, palas o similares, en la arena o en el agua, a menos de 10 metros del resto de usuarios. El gobierno local podrá prohibir el consumo de tabaco o de vaporizadores, y cualquier actividad deportiva deberá desarrollarse en espacios acotados.

El PP, que votó en contra, cuestionó que la ordenanza recoja solo tres derechos para los usuarios de los arenales y, en cambio, ocho apartados dedicados a prohibiciones. Echan en falta atención explícita a las personas con discapacidad, paneles informativos en los arenales y, en una crítica común con el BNG, consideran errada la elección de la cala de Bens, sucia, pequeña y alejada, esgrimieron, como única playa canina en una ciudad con 32.000 perros. 

Los nacionalistas reclamaron asimismo la rehabilitación de las arcadas de Riazor y defendieron el balizamiento de la lámina de agua para segregar las actividades. Con sus votos, sumados a los del PSOE, quedó aprobada la ordenanza provisionalmente, a la espera de las alegaciones y el visto bueno definitivo.

Coto a las viviendas de uso turístico

Plantas bajas, primeras y edificios con uso exclusivo para que ninguna vivienda con uso residencial tenga encima una de uso turístico. Sobre este requisito básico se sustenta la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) aprobada este jueves con los votos favorables del PSOE y el BNG. El PP, que tildó de kamikaze al gobierno local, se opuso.

El concejal de Urbanismo, Francisco Dinís García, argumentó que «la expansión de las viviendas repercute en la ciudad, al reducir el parque disponible para alquiler e incrementar el precio de los alquileres, que en el caso de los jóvenes resultan desproporcionados respecto a sus ingresos». 

El propietario deberá presentar ante el Ayuntamiento el impreso de comunicación previa de actividades de uso turístico y estar dado de alta en Hacienda como actividad económica, y en todo caso, la nueva norma fijará un tope de 0,5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes para evitar el vaciado de los barrios céntricos.

El Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta cifra en 1.389 las viviendas de uso turístico (713 a principios del 2023). El Ayuntamiento considera que la ordenanza implicará la supresión de, aproximadamente, la mitad de los pisos, mientras que la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) entiende que serán el 80 %, alrededor de mil. Por ello, y por su carácter retroactivo, Aviturga ha anunciado que recurrirá la norma en el juzgado.

Viviendas en O Castrillón

La corporación coruñesa aprobó, con el respaldo del PSOE y el BNG, la urbanización del Parque de Oza que prevé construir en seis superficies diferenciadas del barrio de O Castrillón espacios públicos de calidad y alrededor de 1.000 viviendas, de las que el 10 % serán de protección y pasarán al patrimonio municipal.

El acuerdo incorpora alegaciones vecinales, como la realización de un estudio de sombras y movilidad, la mejora de la conexión de la Avenida da Concordia, un informe arqueológico de los bienes de la zona y la cesión de la antigua casa del Concello para usos vecinales. 

 Movilidad: primero, el peatón; el coche, el último

Aprobada también por PSOE y BNG (el PP votó en contra), la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que revisa y compacta diferentes normas para distintos vehículos y usos, establece una jerarquía que sitúa al peatón en primer lugar, seguido de las bicicletas, los patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal, el transporte público y, por último, el vehículo privado.

El texto establece la obligatoriedad del casco para menores de 16 años en bici y la prohibición de los auriculares, también para usuarios de patinetes. Regula la circulación por carril bici o calzada, prohibiéndose el tráfico por aceras (salvo menores de 12 años acompañados). Y fija la edad mínima para conducir VMP en 16 años, con casco obligatorio.

Mociones del BNG

El BNG llevó una moción, que salió adelante por unanimidad de las tres fuerzas, sobre la urbanización del parque del Agra do Orzán, para cuya ejecución acaba de dar luz verde el Gobierno central a la cesión al Ayuntamiento de 5.000 metros cuadrados de suelo en los terrenos del Observatorio Meteorológico. Socialistas y nacionalistas felicitaron a la asociación vecinal por su persistencia en la demanda de este espacio verde, prácticamente el único en un barrio con una altísima densidad de población que, según las previsiones municipales, se inaugurará durante este mandato. 

La segunda moción nacionalista, también respaldada por unanimidad, demandó el cumplimiento del acuerdo plenario para reclamar la cesión de la cárcel (tal y como se ha hecho en Granada, Zamora o Soria), en una situación de «case ruína» sin que el Estado se haya movido para evitarlo. Francisco Jorquera instó al Ayuntamiento a aplicar sanciones por la degradación del edificio, en el entorno de un monumento patrimonio de la humanidad, como es la Torre. 

Por último, el Bloque demandó una intervención urgente en el Centro de Orientación Familiar (COF) de Orillamar para cubrir las plazas vacantes y que siga prestando la atención sexual y reproductiva de la población, pionera en su día, defendió la concejala Avia Veira. Para ello, reclama al Sergas que cubra las plazas de personal, limitando el compromiso municipal a poner a disposición de la Administración autonómica, según reprochó el PP, que votó en contra.

Unanimidad con Medicina

La decisión de la Universidade da Coruña (UDC) de iniciar los trámites para implantar la titulación de Medicina en el curso 2027-2028 motivó una moción (aprobada por unanimidad) del PSOE, cuyo portavoz, José Manuel Lage, recordó el fracaso del acuerdo de descentralización de la docencia clínica tomada por las tres universidades en el 2015.

«Pedindo unha titulación para A Coruña non estamos tendo unha formulación localista, senón para toda Galicia, para reforzar o sistema público galego», indicó Lage, que argumentó la necesidad de formar a profesionales para suplir la jubilación del 30 % de los médicos prevista para los próximos diez años, y de ajustar el desequilibrio entre la oferta y la demanda formativa, con 403 plazas para más de 3.000 solicitudes. Lage puso de relieve la potencia de las infraestructuras y la capacidad sanitaria de la ciudad, con el Chuac como hospital de referencia, y el potente instituto de investigación Inibic, acreditado por el Instituto de Salud Carlos III desde hace diez años.

El BNG apoyó la moción con críticas a la Administración de Alfonso Rueda por «inhibirse na súa responsabilidade de velar pola universidade pública e corrixir o infrafinanciamento histórico da UDC, a favor dunha universidade privada», afirmó Francisco Jorquera, que entró al detalle y refirió el 35 % de incremento del IPC desde el 2009 y, en cambio, la subida del 21 %, con un desequilibrio de 14 puntos, en las partidas aportadas por la Xunta a la universidad coruñesa.

El PP anunció el voto a favor de la moción socialista, «aunque no no gusten las formas», objetó Miguel Lorenzo, «porque todos estamos metidos en la misma lucha». El portavoz conservador, que consideró más oportuno presentar una moción firmada por los tres grupos, se remontó al acuerdo para implantar Medicina que, defendió Lorenzo, habían sellado Manuel Fraga y el entonces rector de la UDC, José Luis Meilán, y que se fue al traste, apostilló, por la llegada al poder (dos años después) del bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño.