La víctima de una inquiokupación en A Coruña: «Jamás volveré a alquilar y sé que propietarios en mi situación tampoco lo harán»
A CORUÑA CIUDAD
Tras cinco años sin recibir las mensualidades el arrendamiento de su vivienda, Pilar Pérez cree que hay «inquilinos honrados» que se verán afectados por casos como el suyo
12 may 2025 . Actualizado a las 13:38 h.El calvario de Pilar Pérez Peal se alargó durante cinco años, pero la luz al final del túnel empezó a asomar el pasado miércoles. Ese día la Justicia le dio la razón con una sentencia en la que condena a la inquilina de su piso de Os Mallos a abandonar la vivienda que lleva sin pagar durante cinco años y a abonar los atrasos que ascienden a más de 22.000 euros. El largo camino judicial le ha pasado factura económica y personal y se muestra rotunda al afirmar que «jamás» volverá a alquilar. «Mi mensajes es que miren bien a quién alquilan porque si el inquilino cobra menos de 1.800 euros al mes puede solicitar el certificado de persona vulnerable. No hay derecho a que un pequeño propietario tenga que ejercer de escudo social durante cinco años de una persona que no quiere trabajar», esgrimió este lunes por la mañana en el programa Voces de A Coruña, de Radio Voz.
Asegura que hay multitud de propietarios que se encuentran en su misma situación y que tampoco volverán a arrendar sus viviendas. «No van a volver a alquilar. Son inquiokupas y a nivel estadístico no cuentan como okupación. Solo cuentan los que dan una patada a la puerta y entran por la fuerza», explica. Cree que casos como el suyo suponen un problema añadido al mercado inmobiliario. «Hay inquilinos honrados que se verán afectados por un sistema corrupto que protege a jetas y sinvergüenzas. No van a encontrar viviendas para alquilar y las que encuentren, serán caras. Si esto no cambia, el mercado inmobiliario se irá a la porra», añade.
El juez dio 20 días de plazo a su inquilina para marcharse del piso. «El 2 de junio se cumple el plazo. Si no lo abandona voluntariamente le darán unos días más. Pero si quiere recurrir tiene que pagar los 23.000 euros que me debe. Si destroza el piso, que por el momento vive allí y no creo que lo tenga destrozado, le caerá otra denuncia penal. Espero encontrarlo en condiciones porque si no, iré a por ella judicialmente», advierte la propietaria. En caso de que se cumplan sus peores pronósticos, será la segunda denuncia penal que presentará tras la interpuesta el pasado diciembre por extorsión después de que su inquilina le pidiese 10.000 euros a cambio de dejar el piso y exonerarla de la deuda.
La resolución judicial del miércoles la llenó de ánimo. «Hemos conseguido que un juez por primera vez en la historia desde que está en vigor el Real Decreto-Ley 11/2020 obligue a salir a una persona que sigue siendo vulnerable. Pero lo es porque quiere. Le ofrecieron tres viviendas y trabajos y los rechazó», asegura.
A finales del 2024 puso en marcha junto a otros catorce propietarios Aprovij, la primera asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica. «Somo ya más de mil socios y nuestro objetivo es dar apoyo y visibilidad a quienes tienen que enfrentarse a un problema así», relata. Su historia se remonta a hace seis años. Tras reformar por completo su piso de la calle Eusebio da Guarda, su marido se lo alquiló a una mujer que tenía una niña de once años por 370 euros. «Se comprometió a trabajar, a pagarnos... pero las palabras bonitas se las lleva el viento. La experiencia me enseñó que no te puedes fiar de nadie. Llegó la pandemia, falleció mi marido y dejó de pagar. Y así hasta hoy», comentó.