Las terrazas de María Pita, en A Coruña, acumulan dos años de inseguridad jurídica

Elena Silveira
Elena Silveira A CORUÑA

A CORUÑA CIUDAD

CESAR QUIAN

Aunque la concesión está caducada, los hosteleros pagan igualmente las tasas

20 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Las terrazas acristaladas de la plaza de María Pita, en A Coruña, siguen generando polémica 22 años después de su instalación. Algunos hosteleros abogan por su eliminación definitiva y otros, en cambio, aseguran que les compensa mantenerlas porque atraen clientes. El problema, según ellos mismos admiten, es que no hay un criterio unánime sobre el futuro de estas instalaciones, que tienen la concesión municipal caducada desde el 2022. Y, además, según explican, el diálogo con el gobierno municipal es inexistente. «Estamos justo enfrente, pero parece que estemos a kilómetros de distancia», resume la situación uno de los hosteleros afectados. Pero el problema más grave es que durante estos dos últimos años los hoteleros se han visto abocados a una situación de inseguridad jurídica no deseada, precisamente por estar la concesión caducada.

CESAR QUIAN

A la espera de una ordenanza

El colectivo espera que la nueva ordenanza de terrazas que están elaborando los técnicos municipales modifique esta situación irregular de los negocios. Precisamente, la concejala del BNG Avia Veira preguntó en el último pleno sobre los planes del gobierno de Inés Rey para estas edificaciones, pero no obtuvo respuesta concreta. «É urxente ter un documento que acabe coa dobre vara de medir nestas terrazas, onde uns cumpren relixiosamente coa normativa e outros non teñen consecuencia algunha por non facelo». La concejal explica que es necesario iniciar un diálogo con el sector, unificar criterios y aprobar de una vez por todas el documento: «Hai que acabar con esta política de desidia e decidir si se queren ou non as terrazas». Recordó que uno de los puntos para apoyar la investidura fue, precisamente, sacar adelante la ordenanza de terrazas en un plazo de seis meses. «E xa levamos ano e medio esperando», añadió.

El presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña, Carlos Mato, sin entrar a valorar en la idoneidad de este tipo de instalaciones, criticó la postura administrativa del Ayuntamiento: «Debería dar una solución inmediata a los concesionarios, no solo por la inseguridad jurídica que supone sino también por el peligro que puede suponer para la ciudadanía el estado de las terrazas». Recordó que algunos hosteleros no abordan mejoras en ellas porque no saben si tendrán que retirarlas o mantenerlas, por lo que el deterioro de las estructuras es cada vez mayor. La solución seria prorrogar la concesión durante un tiempo para tener garantías y hacer esa inversión de mejora o contar ya con una ordenanza nueva reguladora.

Por su parte, la presidenta de la delegación coruñesa del COAG, Ruth Varela, se mostró totalmente a favor de retirar las estructuras, algunas en evidente estado de deterioro. «Nunca deberían haberse colocado ya que alteran un lugar de la ciudad de elevado valor patrimonial. La plaza debería volver a su estado original y que el gobierno local tome medidas al respecto. No sabemos por qué no se ha abordado, quizás por una falta de valentía política. Una plaza con el valor patrimonial como el de María Pita debería estar más cuidada y exigirlo así la ciudadanía», indica. 

«Alguno está pensando en venderla o retirarla, pero eso también cuesta dinero»

Las concesiones de las terrazas de María Pita caducaron hace dos años y, a pesar de ello, la mayoría de los hosteleros pagan religiosamente la tasa municipal por ocupación de espacio público. El importe, según confirman, se ha duplicado en el último año por la subida de las tasas y las facturas que les llegaron a finales del 2024 fueron «terroríficas». En concreto, el propietario de uno de los negocios pasó de pagar una media de 2.500 euros al año a más de 5.200 euros por tener la terraza cubierta y acristalada. «Es decir, más del doble. Son 72 euros por metro cuadrado. Y a eso hay que sumar otros 50 euros por renovar el permiso», añade. El gasto no queda ahí porque mantener en buen estado las estructuras acristaladas tampoco es barato. «En su día nos obligaron a ponerlas. Era sí o sí. Y en el 2002 pagamos por cada una sobre 17 millones de las antiguas pesetas. Nos eximieron de pagar la tasa durante 20 años como una forma de compensarnos, pero eso no se cumplió. Y, ahora, nos suben el impuesto. Alguno está pensando en venderla o retirarla. Pero sacarla de la plaza también cuesta dinero».

El Ayuntamiento defiende que «la tasa no es nueva, y sigue siendo inferior a muchas ciudades españolas y está en la media de las gallegas». Incide en que «el suelo es público y cualquier actividad que reporte un beneficio para particulares ocupando espacio público debe revertir en beneficio de los ciudadanos mediante la correspondiente tasa» y recuerda que «gracias al diálogo se pudieron habilitar las terrazas en las plazas de aparcamiento» durante la pandemia, «y no constan quejas del sector —señalan en María Pita— por esta medida».