A juicio por vender un terreno de 350.000 euros por 24.000 a sus padres en Carral para descapitalizar una empresa

LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

Sede de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Sede de la Audiencia Provincial de A Coruña. EDUARDO PEREZ

Piden penas de cárcel para siete acusados de estafar 300.000 euros

23 nov 2023 . Actualizado a las 14:04 h.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el jueves y el viernes un juicio contra dos empresas de promoción inmobiliaria acusadas de insolvencia punible y apropiación indebida y de estafar casi 300.000 euros. La Fiscalía pide entre cuatro y diez años de cárcel para siete personas, así como el pago de una multa. 

Según el escrito de calificación de los hechos de la Fiscalía, una de las empresas, de la que era administrador uno de los acusados, firmó el 30 de noviembre de 2010 un pagaré de 19.453 euros a favor de otra entidad, pero la primera «no ha tenido nunca intención real de abonarlo, al tener ya planificada la descapitalización de la empresa en perjuicio del socio minoritario y de los acreedores». El pagaré «no se atendió», aseguró el fiscal, porque se procedió a nombrar un nuevo administrador —«hombre de paja dada su situación de insolvencia, su corta edad y su ausencia de conocimientos previos como administrador empresarial»— que inició la descapitalización de la empresa.

Este nuevo administrador regaló dos coches de lujo a su hermana y a su novia, y ambas compraventas las enmascaró con un valor aparente de 12.000 euros, cuando las tasaciones reales de los vehículos eran de 25.982 y 39.286 euros. La Fiscalía detalla que «no ingresó nunca un céntimo por ese vehículo» en la empresa, por lo que «no le reportó ningún beneficio» a la entidad y «actuó en evidente perjuicio de los legítimos acreedores». Además, esta persona, representando a la otra empresa acusada, vendió a sus padres dos terrenos, uno en Oleiros por 206.500 euros cuando la tasación era de 642.303 euros y el otro en Carral por 24.000 euros siendo tasada en 356.000 euros.

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El ministerio público reclama que estas parcelas se devuelvan a la empresa. Además, según el escrito, para descapitalizar la empresa se fueron vaciando las cuentas transfiriendo dinero a los acusados, familiares del administrador que «actuaron en connivencia, pleno conocimiento y de mutuo acuerdo».

Así, se hicieron transferencias por valor de más de 162.000 euros. Dos de los acusados, como socios mayoritarios de la empresa, se transfirieron 20.000 euros y un pago de 2.000 euros al mes durante un año, entre agosto de 2009 y agosto de 2010. La Fiscalía pide penas de entre 4 y 10 años de cárcel para los acusados por un delito de estafa, otro de insolvencia punible y apropiación indebida, así como una multa a las dos empresas de 73.000 euros y la devolución de las cantidades transferidas.