Archivada una rama coruñesa de la Pokemon que tuvo a 11 personas investigadas más de 10 años sin llegar a atribuirles delitos concretos

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

A CORUÑA CIUDAD

La jueza Pilar de Lara, en una imagen de archivo
La jueza Pilar de Lara, en una imagen de archivo Carlos Castro

Entre los investigados figuraban los concejales Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE) y el delegado del grupo Vendex, José María Tutor

29 mar 2023 . Actualizado a las 17:54 h.

La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña ha ordenado el sobreseimiento de la causa abierta por la jueza Pilar de Lara en relación a supuestos «enchufes» en el Ayuntamiento de A Coruña, por la que estaban investigadas 11 personas desde hace más de diez años. Dos de ellos son los exconcejales Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE) que vieron truncadas sus carreras al ser imputados. Otro de los investigados era José María Tutor Lemos, representante del grupo Vendex en Galicia. A pesar de que las diligencias se iniciaron en el 2011 no se ha acreditado que cometiesen delito alguno. Lo mismo ocurre en el caso de los otras ocho personas implicadas.

La jueza ha ordenado el sobreseimiento de acuerdo con la Fiscalía, que tampoco ha detectado ilícitos.

Es más, durante las pesquisas ni siquiera se concretó el motivo concreto de la investigación. En las diligencias previas figura «delito sin especificar». La magistrada señala que el auto de inhibición, por el que su colega de Lugo le remitió la causa, «recoge una descripción muy genérica del objeto del procedimiento y tampoco recoge de manera mínimamente individualizada la concreta imputación que se dirigía contra cada uno de los investigados».

La magistrada señala que para conocer los hechos tuvo que remitirse a un auto previo que describía al grupo Vendex «como una agencia de colocación de empleo, que contrataba en sus empresas a distintas personas que eran recomendadas o “enchufadas” por distintas autoridades y funcionarios del Concello de A Coruña, con capacidad decisoria en los concursos a los que se presentaba». Los citados enchufes pretendían «influenciar a miembros del ente local [el Ayuntamiento] para que en su momento le hiciesen favores al grupo Vendex consistentes en la adjudicación o renovación de contratos».

Esa era la teoría, pero «no están debidamente concretados y especialmente la participación concreta de los posibles autores, ya que se señala de manera genérica a autoridades y funcionarios del Concello». Sí se menciona a tres investigados y a «otros miembros de la corporación municipal de esos años», el 2011 y el 2012, pero «no consta que después se siguiera el procedimiento respecto a ellos».

El auto de la jueza analiza a continuación siete artículos del Código Penal que recogen distintos delitos que pueden cometer los funcionarios y las autoridades públicas, y descarta que haya pruebas de que alguno de los investigados ha cometido alguno de ellos. Por lo tanto, coincidiendo con el Ministerio Fiscal, concluye que la investigación no acredita la existencia de delitos.

La citada causa era la pieza 26 de las 33 en las que se dividió la llamada operación Pokemon, que en el caso de A Coruña contó con una rama propia conocida como Pikachu. La mayoría de las piezas han sido archivadas sin que se demostrase delito alguno. En A Coruña queda una parte de la investigación abierta que afecta, entre otros, al exconcejal Julio Flores, que ha defendido su inocencia desde que se conocieron las pesquisas. En el 2021, el Tribunal Supremo confirmó una sanción contra la magistrada Pilar de Lara por «una forma desordenada y poco rigurosa» de trabajar.