El sindicato de limpieza investigado en A Coruña da a firmar a trabajadores eventuales un papel para intentar justificar que las mordidas eran voluntarias
A CORUÑA CIUDAD
El cabecilla del STL reunió a 70 temporales que seguían pagando cuando ya se habían producido las detenciones
20 may 2023 . Actualizado a las 17:47 h.Nuevo movimiento en la trama del STL, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza investigado por una jueza de A Coruña por organizar una red en la que supuestamente cuatro personas se confabularon para cobrar mordidas a trabajadores en paro a cambio de empleos temporales en la sociedad adjudicataria del servicio de limpieza viaria, contratada por 14,4 millones de euros al año por el gobierno local.
El secretario general del STL y supuesto cabecilla del complot es Miguel Ángel Sánchez Fuentes, conductor de camiones de recogida de residuos en la empresa PreZero, ascendido a inspector jefe y actualmente en libertad con cargos por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, con obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado de instrucción. Este pasado lunes, en una asamblea en A Coruña ante más de 70 trabajadores eventuales, Sánchez les avisó que «si ellos faltaban, no nos renovarían los contratos y nos despedirían». Y les dio a firmar un documento según el cual «las mordidas eran aportaciones a la ETT que habíamos hecho conscientemente y por voluntad propia», según reveló un trabajador presente en la reunión. «Pasaron lista para saber quiénes estábamos, repartieron copias con bolígrafos para todos y quien quiso firmar firmó, lo entregó y se fue. Grabaron todo con varios móviles», cuenta este testigo.
El líder sindical llegó a esa asamblea acompañado por Luis Varela, también investigado, y otros siete miembros de los comités de empresa de las dos concesionarias municipales en las que opera el STL. Se trata de PreZero, adjudicataria de la recogida de residuos, y Coruña Limpieza, una UTE constituida por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) e Ingeser Atlántica, dedicada a la limpieza viaria y que, según la Policía Nacional, proporcionó a Miguel Ángel Sánchez el control total en materia de selección de personal, lo que habría abierto el camino a las irregularidades. Hoy se cumple un mes de las detenciones y FCC no ha respondido a las reiteradas solicitudes de información realizadas por este periódico.
A la asamblea fueron convocados los trabajadores eventuales de las dos concesionarias e indefinidos con poca antigüedad que, según fuentes de la plantilla, pagaron o seguían pagando mordidas cuando se produjo la operación policial que concluyó con los arrestos y la intervención de propiedades y activos bancarios de muy elevado valor. Solo los peajes con los que la trama habría extorsionado a estos 70 empleados superarían los 5.000 euros mensuales. Esto sin contar los 12 euros por persona de la cuota de afiliación al sindicato que las víctimas tenían que satisfacer, estuviesen o no trabajando.
Dirigentes del sindicato llamaron por teléfono a trabajadores que no acudieron este lunes por la noche a la asamblea en un hotel para pedirles que acudieran a la sede del STL a fin de «recibir información sobre un asunto importante del que no podían adelantarles nada telefónicamente», confirmó un trabajador.
El líder amenaza con tirar de la manta y dice que Imprego es legal
La Policía Nacional cree que el modus operandi del STL, dirigido por Miguel Ángel Sánchez, se apoyaba en la firma Inusvalia, una entidad de economía social gestionada por la abogada Ximena Romero (también investigada), con la que FCC firmó un convenio de colaboración y que infló un 1.000 % la cuota de trabajadores discapacitados establecida en el pliego de la concesión; todos ellos, unos 35 en A Coruña, fueron subrogados esta semana por Lares del Norte, una subcontrata de FCC en Ponferrada.
A la vez, la trama se valía de una segunda firma, Imprego, orientada en teoría a la inserción de personas en riesgo de exclusión social, aunque ninguno de los contratados respondían a ese perfil; esta está dirigida por Cristina Martínez, la cuarta investigada, esposa de Sánchez, y en cuya cuenta bancaria ingresaban las personas extorsionadas en A Coruña y Ourense pagos mensuales de 73 y 63,5 euros, respectivamente, a cambio de empleos eventuales.
Miguel Ángel Sánchez aseguró el lunes a los trabajadores que Imprego es legal y atribuyó la operación judicial a «una persecución contra el sindicato emprendida en las altas esferas por el conflicto del 2022, que dio lugar a una declaración de emergencia sanitaria en A Coruña», explica un trabajador presente en la asamblea. Un día antes, el domingo, en PreZero, Sánchez abundó en lo mismo y amenazó con que si él caía, «tiraría de la manta», según la misma fuente.
