Un juzgado dirime la propiedad del magnífico edificio Escariz, legado por un indiano a los pobres de la ciudad y administrado por tres religiosos desde 1940
31 dic 2022 . Actualizado a las 17:55 h.El tiempo y la Justicia pondrán final a la disputa que mantienen el Ayuntamiento de A Coruña y una fundación dirigida por tres religiosos sobre la titularidad de la casa Escariz, dos fabulosos edificios con fachada a la plaza de Pontevedra que una tasación solicitada por los propietarios valoró en 8,5 millones de euros. Catorce meses después de que el gobierno local diera un paso al frente al reclamar el inmueble, el caso avanza con el ritmo lento de los juzgados mientras los administradores ultiman la rehabilitación integral de los dos bloques, primera de envergadura desde su construcción en 1930. Es la última noticia.
La historia empieza el 3 de octubre de 1940, cuando el Ayuntamiento de A Coruña acepta el legado de Manuel Piñeiro Pose, un indiano que regresa de Cuba con un capital importante, encarga a Eduardo Rodríguez-Losada, uno de los arquitectos del momento, el proyecto de la casa, y en ausencia de descendientes otorga testamento a favor de los pobres de la ciudad. Lo hace nombrando a unos albaceas que deberán velar por el cumplimiento de su última voluntad: dos misas diarias en Santa Lucía, el cuidado de su sepultura y la entrega de las rentas que producen los alquileres de los pisos de la plaza de Pontevedra para el tratamiento y manutención de los enfermos pobres del hospital municipal.
«Es el producto de las casas, y no las casas», afirman los albaceas, lo que el Ayuntamiento acepta en 1940. Y en ese matiz, que deberá dirimir un juez, reside solo una de las claves del proceso. En María Pita sostienen que el propio testamento ordena que en 1970 «las casas íntegramente» pasen al Ayuntamiento, y con ese convencimiento depositan en el juzgado 172.336 euros, cantidad estimada para pagar las misas y los arreglos de San Amaro, y a la postre, hacerse con la titularidad del edificio.
La Fundación, que ha recurrido la admisión a trámite de ese depósito y el acuerdo de la junta de gobierno local de acudir al juzgado, afirma que desde el cierre del hospital se han destinado las rentas a entidades como Cáritas, Padre Rubinos o la Cocina Económica, con aportaciones de hasta 900.000 euros en siete años.
Piñeiro Pose reprobó el pleito en vida. La suerte, noventa años después, está echada.