En enero comenzarán a instalarse las nuevas cámaras de control del tráfico en A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
En los accesos a la Ciudad Vieja habrá 23 con capacidad sancionadora
30 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Ayuntamiento de A Coruña aprobó el pasado mes de abril el proyecto para la creación e implantación de la fase inicial de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una iniciativa encaminada a reducir la contaminación en la urbe mediante restricciones a la circulación a determinados vehículos. El presupuesto asociado a este proyecto es de 15 millones de euros y cuenta con fondos Next Generation. El gobierno local ya ha dado algunos pasos para implantar medidas y, las últimas, han sido aprobar este martes en junta de gobierno urgente y extraordinaria la adjudicación de otros dos lotes: uno de ellos para monotorizar y sensorizar las Zonas Peatonales Reguladas (ZPR) así como las zonas de carga y descarga; el otro, para el suministro de todo el equipamiento para los sistemas de control de accesos y señalización así como la implantación de nueva tecnología en la sala de control de la Policía Local.
Aunque la iniciativa es compleja e irá avanzando lentamente por fases, ya se ha avanzado en muchos trámites administrativos. De hecho, la idea es que estas ZBE se configuren mediante diferentes licitaciones con las que tratar de ir cubriendo los diversos aspectos que incluirá: el control de accesos mediante cámaras de lectura de matrículas, un sistema automático para denuncias y tramitación, una nueva ordenación de flujos de circulación, un mecanismo de seguimiento en colaboración con el Citic, una nueva ordenanza de movilidad o programas de sensibilización. En realidad, como explicaron desde el gobierno local, lo que se busca es seguir el modelo de otras ciudades europeas en las que zonas como el centro quedan reservadas para la circulación de residentes o vehículos autorizados y así reducir la contaminación. En todo caso, la alcaldesa, Inés Rey, aseguró en su día que no habrá impedimentos ni restricciones en el acceso de vehículos y añadió: «Puede estar todo el mundo tranquilo». Recordó que se trata de una inversión tecnológica importante para mejorar la movilidad y contribuir a mejorar la calidad ambiental, y que la ciudad ya cuenta con zonas de tráfico limitado como la Marina o la Ciudad Vieja.
En la junta de gobierno local de este martes se adjudicó a la empresa Alumbrados Viarios S.A. tanto la vigilancia monitorizada de las Zonas Peatonales Reguladas (631.770 euros) y también las de puntos de carga y descarga (386.297 euros). El plazo de ejecución es de nueve meses y la ventaja que ofrecía la empresa era un incremento en el plazo de garantía de 24 meses así como la instalación de otros tres puntos de (ZPR) completos como una mejora técnica sin coste para el Ayuntamiento.
En el caso de las cámaras para la vigilancia de las ZPR el Ayuntamiento tenía previsto instalar 11 nuevas cámaras para controlar la entrada de vehículos en la Ciudad Vieja, renovando las 5 ya existentes en el entorno de la Marina, con otras 4 en esta última zona pero en ubicaciones todavía por determinar. A estos 20 dispositivos, la empresa suma ahora la instalacion de otras 3 sin coste para el Ayuntamiento como mejora en la oferta de licitación. Todas ellas, las 23, tendrán capacidad sancionadora. Es decir, los vehículos no autorizados que se salten las restricciones de acceso y circulación viaria serán identificados y multados de manera inmediata.
También se ha adjudicado a la misma empresa la implantación de 9 puntos de control de carga y descarga, con cámaras que podrán generar prueba de sanción sobre vehículos infractores, por importe de más 386.000 euros. Una de esas cámaras estará situada a la altura del número 4 de Alfredo Vicenti, mientras que el Ayuntamiento concretará el resto una vez que se formalice el contrato.
La junta de gobierno también adjudicó otro importante lote para avanzar en el proyecto de las Zonas de Baja Emisión. La empresa Estacionamiento y Servicios, S.A.U. se encargará de suministrar el equipamiento para la implantación de la ZBE en la ciudad. Es decir, los sistemas de control de accesos y señalización así como el equipamiento en la sala de control, con un plazo de ejecución de nueve meses y un importe de casi 2,5 millones de euros. Esta compañía consiguió la mejor puntuación, aportando un incremento del plazo de garantía adicional de 24 meses a los 36 iniciales, y la instalación de otros 6 puntos de control de ZBE completo sin coste alguno para el Ayuntamiento. El contrato incluye también la renovación integral del equipamiento de la sala de pantallas de la Policía Local. Esto se hará mediante la adquisición de cámaras que se utilizarán para el control de los accesos y la señalización, además de la instalación de un software para la gestión de este nuevo sistema.
Dentro de esa planificación, el Ayuntamiento ya había adjudicado por más de 1 millón de euros la instalación de 43 nuevas cámaras destinadas a la medición y control de vehículos, pero sin carácter sancionador. El proyecto se articula en torno a dos fases: la primera incluye la zona entre la plaza de España, la Marina, O Parrote y la Ciudad Vieja. Mientras, la segunda abarcaría toda la zona urbana hasta el límite que marcaría la ronda de Outeiro.
En el 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener áreas restringidas a la circulación de vehículos según sus emisiones tóxicas para cumplir con la ley de cambio climático. Por eso este 2022 es clave, ya que es el año en que los gobiernos locales han de diseñar las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE), ya vigentes en Madrid y Barcelona. En Galicia, la norma afecta directamente a A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol.
Prórroga de cinco meses para elaborar el plan director de la Cidade das TIC
La junta de gobierno local también acordó ayer prorrogar la vigencia del convenio de colaboración entre varias instituciones para la elaboración del plan direcor y la constitución de la estructura de gobierno de la Cidade das TIC hasta el 30 de abril. Según el acuerdo firmado en su día entre el Igape, la Diputación coruñesa, el Ayuuntamiento de A Coruña, la Universidade da Coruña y el Clúster TIC Galicia, el plazo previsto inicialmente para realizar estos trabajos debería finalizar «nun período de 12 meses dende a firma do convenio». Es decir, hasta el 1 de diciembre del 2022. «Como queira que a cláusula admite a posibilidade de prórroga antes do seu vencemento e non supoñendo a mesma ningunha modificación das obrigas das partes, das actuacións a acometer ou do orzamento total previsto no convenio, considérase a prórroga proposta axustada a dereito», indica el informe municipal. De hecho, podría alargarse hasta un máximo de cuatro años. En este caso, el secretario general de la UDC estima necesario «máis tempo para realizar os procedementos necesarios para a constitución da sociedade xestora e a aprobación do plan director».