Alfonso Molina será de titularidad municipal cuando acabe la ampliación

D. García A CORUÑA / LA VOZ

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La ministra de Transportes vendrá a A Coruña para concretar inversiones

09 sep 2022 . Actualizado a las 12:36 h.

Alfonso Molina será municipal una vez que se complete su ampliación. Esa fue una de las principales conclusiones a las que llegaron la alcaldesa, Inés Rey, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante la reunión que mantuvieron este miércoles en Madrid para analizar el futuro de esta infraestructura y de la cuarta ronda. Esta última actuación está más verde que la primera y la regidora insistió en la necesidad de avanzar en su definición.

La principal vía de entrada y salida a diario de la ciudad, es utilizada por decenas de miles de vehículos para moverse entre la urbe y el área metropolitana, es de titularidad estatal, de ahí que la obra de ampliación dependa del Gobierno central.

Su transferencia al Ayuntamiento facilitará en el futuro la gestión del tráfico en uno de los puntos más conflictivos de toda la ciudad por los atascos kilométricos que se forman cuando tiene lugar algún accidente o cuando hace acto de presencia la lluvia. Además, también simplificará los trámites a la hora de acometer reformas o actuaciones posteriores si fuese necesario.

Pero eso será una vez que la ampliación esté finalizada, para lo que todavía queda tiempo ya que está sin licitar.

Este miércoles se trató esta cuestión en la reunión en Madrid entre la alcaldesa y la ministra, que se emplazaron para dentro de un mes en A Coruña para concretar la inversión en Alfonso Molina y en la cuarta ronda. «Le trasladé diversas cuestiones relevantes para la ciudad en movilidad e infraestructuras», explicó Inés Rey, quien destacó que la cuarta ronda y Alfonso Molina «llevan muchos años de retraso, pendientes de proyectos y licitaciones, pero que son importantísimas para la movilidad y para la comunicación de los diferentes polígonos y para la reactivación económica». 

Solo 100.000 euros

La alcaldesa asegura que Sánchez «ha comprendido y comparte la necesidad de que estas infraestructuras vayan adelante», e insistió en la necesidad de que el entendimiento se concrete en los Presupuestos Generales del Estado «con un refuerzo y una ampliación». En las cuentas del Gobierno central de este año la avenida cuenta solo con una partida específica de 100.000 euros, igual que en años anteriores, aunque existe otro apartado en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del que también saldrían fondos para esta actuación, cuyo coste total se estima en unos 21 millones.

Además, el delegado del Gobierno, José Manuel Miñones, anunció hace año y medio que la segunda y tercera fase de la ampliación optarían a fondos Next Generation. Estas son las que centran el grueso de la actuación, sobre todo la segunda, que costará 14 millones y supondrá la transformación de 2,5 kilómetros de carretera. La última, de 4,4 millones, se centra en la integración ambiental.

La primera fase corresponde a la pasarela peatonal de Pedralonga, cuyas obras comenzaron a finales de mayo, un año después de que fuesen adjudicadas por el Estado.

La Delegación del Gobierno admitió a finales de marzo que la actuación se vio afectada por la subida de los costes del acero y por un modificado para incluir las peticiones efectuadas por las asociaciones de vecinos de Palavea y Pedralonga. Su finalización, si no surgen imprevistos, está planeada para el segundo semestre del 2023.

Una obra pendiente desde hace casi 20 años y con varios anuncios fallidos

La ampliación de la avenida de Alfonso Molina comenzó a tomar forma en el 2003 y en el 2012 la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, del Partido Popular, confirmó el próximo inicio de las obras.

La presión ejercida desde A Coruña consiguió el compromiso de Pastor para que la obra se incluyese en el acuerdo que se había alcanzado con la gestora de la AP-9, Audasa, durante la etapa del anterior ministro, José Blanco, del Partido Socialista. El pacto consistía en aumentar los peajes un 1,5 % a cambio de ampliar el puente de Rande entre Vigo y Pontevedra y los accesos a Santiago.

El grupo municipal del PP, que recurrió el asunto a la Audiencia Nacional, fue clave en esa presión, pero durante su mandato, del 2011 al 2015, no empezaron las obras. El ministerio anunció la licitación de la reforma en el 2014 por 7,6 millones de euros, pero no pasó de ahí.

En el 2015 y con el cambio en el gobierno local, la Marea planteó una serie de cuestiones que paralizaron el proyecto y que llevaron al ministerio a reformular su propuesta. Mientras tanto, el incremento de los peajes se confirmó en noviembre del 2019 y las obras avanzaron tanto en Vigo como en Santiago, mientras que en A Coruña se sigue a la espera de la licitación de los trabajos.