En paradero desconocido los policías filipinos acusados de asesinar a Diego Bello

LA VOZ

A CORUÑA CIUDAD

Diego Bello en la playa de Barrañán
Diego Bello en la playa de Barrañán

Los familiares del coruñés indican que la Policía concedió supuestamente un permiso a los agentes investigados

19 ago 2022 . Actualizado a las 13:38 h.

El juez filipino encargado del caso del crimen de Diego Bello, el coruñés presuntamente asesinado por miembros de la Policía Nacional Filipina el 8 de enero del 2020, decretó el pasado 25 de marzo la detención e ingreso en prisión sin fianza de los tres agentes filipinos acusados de matarlo. Sin embargo, los acusados se encuentran ahora en paradero desconocido, ya que la Policía les dio a los efectivos permisos de vacaciones para que no estuvieran en sus puestos de trabajo, según explican fuentes de la familia.

Según la Fiscalía y el juez, el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda mataron a Diego Bello Lafuente, que entonces tenía 32 años, en la localidad de General Luna en la isla filipina de Siargao, donde residía desde hacía dos años.

Emitieron entonces un escueto atestado policial en el que alegaban que habían organizado una redada frente a la casa del coruñés debido a que tuvieron el chivatazo de que era un narcotraficante. Y escribieron que al darse cuenta de que estaba tratando con agentes de policía y no con compradores de droga, sacó una pistola de una riñonera e inició un tiroteo.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas elaboró en su día un informe que echó por tierra aquel atestado policial. Y considera que lo que ocurrió aquella fatídica noche del 8 de enero del 2020 fue un asesinato, una «ejecución sumaria». Otra investigación,  elaborado por el NBI de Filipinas (la Oficina Nacional de Investigación, un organismo similar al FBI americano), también desmontó punto por punto las acusaciones contra Diego y concluyó que todo fue un montaje y que hubo una «conspiración para asesinar al joven».

Ante estos datos, la Fiscalía movió ficha y elaboró su propio texto. Consideró probado que los policías le dispararon a sangre fría hasta provocarle la muerte y luego pusieron en sus manos una pistola y unos gramos de cocaína para así poder decir que Diego les había disparado primero, que fue en defensa propia y que era un gran traficante de droga.

El juez del caso, ante este informe, decretó la detención y arresto de los tres policías, dada la gravedad de la acusación y las pruebas en su contra que se habían hallado. A pesar de esto y después de transcurridos más de dos meses, esta semana se ha conocido que la policía filipina les concedió un permiso a los agentes investigados a los cuatro días de habérsele notificado a la policía la orden de arresto.

Tanto la familia como sus representantes legales en Filipinas sospechan que el departamento de Policía del gobierno filipino no está haciendo «los esfuerzos necesarios» para la detención de los presuntos asesinos de Diego y que más bien se está intentando dilatar lo más posible su detención, no acatando las órdenes judiciales.

La familia de Diego Bello va a redoblar sus esfuerzos para conseguir justicia, como viene haciendo desde hace más de dos años cuando fue asesinado. Piden una acción decidida por parte del Gobierno español una vez que nadie se cree la versión policial, que cayó como un castillo de naipes. «El Gobierno debe hacer algo para dar una señal de que no se va a consentir esto. España puede pedir ayuda a la Unión Europea para darle un toque a Filipinas y advertir al país sobre el cumplimiento de la división de poderes, porque el Ejecutivo filipino es el que tiene el poder sobre el cuerpo policial», apuntan desde el núcleo familiar. Consideran que la Policía filipina «se está burlando de la Justicia».