Nuevo cruce de declaraciones entre el Gobierno central y la Xunta por quién indemnizará a los mariscadores de la ría de O Burgo
A CORUÑA CIUDAD
La Xunta urge a una reunión a tres bandas y el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que corresponde al Gobierno autonómico pagar en un primer momento a los profesionales afectados por el dragado
12 ene 2022 . Actualizado a las 18:22 h.Aunque parecía que había avances en el desbloqueo del pago de indemnizaciones a los mariscadores de la ría de O Burgo afectados por el cese de actividad con el inicio de las obras, este jueves Xunta y Gobierno central volvieron a enzarzarse en un cruce de declaraciones sobre este pago.
Desde la Consellería do Mar se emitió un comunicado en el que se indico que la conselleira, Rosa Quintana, remitió este martes una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que le solicita información detallada sobre la propuesta para indemnizar a los profesionales del marisqueo afectados por el dragado de la ría de Burgo que el Gobierno central le trasladó a la cofradía de pescadores de A Coruña en un encuentro mantenido el lunes y al que la Consellería del Mar «non foi convidada». En este sentido, la conselleira también urge una reunión a tres bandas —Xunta, Ejecutivo estatal y el sector afectado— para poder ahondar en esa propuesta y conseguir lo antes posible una solución.
Este mismo miércoles, desde el Estado se remarcó que «es la Xunta quien tiene que cuantificar esas indemnizaciones y pagarlas». Justifica esa decisión porque es el órgano competente en pesca y marisqueo.«Y, como tal órgano competente, solo la propia Xunta sabe cuál es el número de licencias concedidas y cuál el volumen de extracciones autorizadas en cada campaña», precisan desde el Ejecutivo central. «Eso es imprescindible para ver a cuánto asciende esa cuantía y solo puede hacerlo la Xunta, nadie más. Es la Xunta quien calcula y quien paga». Y si luego, en una segunda fase, considera que puede imputárselas a la actuación del Miteco para regenerar la ría, pues le pasa esa cuantía debidamente justificada al ministerio, que entonces pagará sin problema», remarcaron.
Sin embargo, en el comunicado de la Consellería do Mar se reiteró que la Xunta está dispuesta a tramitar los 78 expedientes de ayuda necesarios para compensar a los afectados por el dragado si el Gobierno central considera que no está en condiciones de gestionarlos y siempre que transfiera al Ejecutivo gallego los fondos necesarios para afrontar los pagos. Esta posibilidad, aclara Rosa Quintana, tendría que materializarse a través de un convenio de colaboración entre las dos partes y «brinda toda a capacidade administrativa para prestar toda a urxencia necesaria e que se poida asinar o antes posible» dado el inminente inicio de las obras. Estima que así se abreviaría de manera significativa los trámites en relación con una reclamación patrimonial, posibilidad que el Ejecutivo central llegó a proponer en las últimas semanas al sector en alguna respuesta en las Cortes.
Por eso, la conselleira de Mar considera «necesaria e positiva» la celebración urgente de una reunión a tres bandas para definir el alcance, cuantía y propuesta de tramitación de las ayudas, con el objetivo de acortar los plazos lo máximo posible y atender las demandas del sector. En esta línea solicita también conocer de forma previa a esa reunión la partida presupuestaria prevista por el Gobierno del Estado para sufragar esas compensaciones. La representante del Ejecutivo gallego subraya que la disponibilidad de crédito no debería ser un problema dado que el Ministerio para la Transición Ecológica ya le trasladó a la cofradía de pescadores que cuenta con un importante remanente de fondos tras la licitación de las obras de dragado. A mayores, recuerda, hay partidas habilitadas en el proyecto para contratar a las mariscadoras y mariscadores con el objetivo de que realicen parte de los trabajos previstos, como la retirada y reposición de semilla.
Asimismo, Quintana lamentó en su misiva haber conocido la propuesta de un acuerdo sobre estas indemnizaciones por los medios de comunicación y, posteriormente, durante la reunión mantenida con los representantes de la cofradía coruñesa, así como no haber sido invitada a la reunión celebrada el lunes, por lo que demanda a la Administración central «lealtade institucional» y mayor concreción y detalles sobre la solución sugerida durante ese encuentro.