Los edificios donde vivía la mujer atemorizada por los okupas, una «golosa» manzana destinada a apartamentos de alquiler en A Coruña
A CORUÑA CIUDAD
La empresa propietaria del edificio okupado de la calle Montevideo dice que acometerá su reforma integral «en los próximos meses», mientras que el Ayuntamiento confirma que, por ahora, solo pidió licencia para instalar una protección en la fachada
21 oct 2021 . Actualizado a las 13:33 h.El jueves se fue de forma definitiva la última inquilina de renta antigua que quedaba en el número 10 de la calle Montevideo, situado en la confluencia de la avenida Alcalde Pérez Ardá con la ronda de Outeiro. Lourdes Lustres, de 76 años, y su hija Sandra, que tiene una discapacidad del 68 %, llegaron a un acuerdo para su realojo en otro piso en la zona de Os Castros, manteniendo las condiciones que tenían en el contrato firmado en el año 1973 (pagan 103 euros al mes y con subrogación forzosa a favor de la hija). Portavoces de la empresa propietaria del inmueble, Testa Residencial Socimi S.A., confirmaron que su objetivo es acometer en los próximos meses una reforma integral del edificio. Como en muchas otras operaciones inmobiliarias, esa intervención supondrá la demolición de las divisiones interiores para crear apartamentos que, en principio, se destinarán a alquiler con precios de mercado libre.
Los antiguos inquilinos, que han ido abandonando sus casas de forma progresiva, pagaban una media de entre 100 y 200 euros al mes, ya que la mayoría disfrutaban de una renta antigua, como es el caso de Lourdes. Sin residentes con estas condiciones contractuales y ejecutada la reforma del edificio, Testa Residencial Socimi S.A. podrá actualizar el precio de los alquileres situándolos en la media que a día de hoy se oferta en la ciudad de A Coruña, es decir, con precios que oscilan entre 500 y 800 euros al mes.
Desde el Ayuntamiento de A Coruña confirmaron que este edificio en cuestión no está sometido a ningún régimen de protección urbanística, por lo que la inmobiliaria podrá rediseñar los espacios en función de sus necesidades o de la mayor rentabilidad económica que le pueda reportar. Este edificio forma parte de una misma finca registral de más de 1.500 metros cuadrados, en la que también están incluidas otros dos inmuebles colindantes, que corresponden en el callejero con los números 26 y 28 de la calle Brasil. Curiosamente, el más antiguo y primero en ser construido fue el número 28 y, posteriormente, se levantaron los otros dos edificios, que también presentan evidentes signos de falta de mantenimiento y precarias condiciones de habitabilidad. De hecho, el bajo comercial del número 26, donde antes estaba el taller de reparación y venta Luxicar, lleva años vacío. Y se tapiaron muchos pisos de este inmueble para evitar la entrada de okupas. Tan solo sigue habitado el número 28, donde persisten varias familias, a las que en poco tiempo les vencerá el contrato de alquiler y, por lo tanto, tendrán que abandonar las viviendas, dejando también libre este edificio para que Testa Residencial Socimi S.A. pueda iniciar un ambicioso proyecto de rehabilitación.
En todo caso, desde el Ayuntamiento de A Coruña confirmaron que la inmobiliaria presentó en el registro municipal una solicitud para que Urbanismo determine la declaración de ruina del número 10 de la calle Montevideo. Fuentes municipales indicaron que este expediente de ruina no está resuelto y que, en todo caso, la empresa, por el momento, tan solo solicitó licencia para instalar una protección en la fachada, «pero no para rehabilitar» todo el inmueble.
¿Y qué pasa con los okupas?
La empresa inmobiliaria confirmó que en septiembre del 2020 inició acciones judiciales ante los juzgados de A Coruña «contra el actual okupa de una vivienda» en el número 10 de la calle Montevideo. Tras la marcha de Lourdes Lustres, él y su compañera serían los únicos residentes que quedan en el inmueble. Su desalojo depende ahora de los acuerdos a los que puedan llegar ambas partes o bien de la resolución judicial. En este sentido, desde Testa explicaron que ya existe una primera sentencia estimatoria por parte del Juzgado de Primera Instancia, «y se espera confirmación de esta por parte de la Audiencia Provincial». Añaden que, igualmente, se ha iniciado un proceso de negociación directa con el citado okupa «a fin de acelerar la recuperación de la vivienda». Los vecinos de la zona explican que estas personas no solo se han instalado de forma ilegal en una casa, sino que también ocasionan desde que llegaron multitud de problemas en el entorno. Indican que en ese piso se trapichea con droga y que en los últimos tiempos los problemas de inseguridad se han incrementado. Citan, por ejemplo, que las broncas y peleas nocturnas no les dejan dormir, que los altercados que tienen entre ellos y sus «clientes» se han saldado con heridos por arma blanca, que han causado incendios, que es habitual ver jeringuillas usadas tiradas en la calle así como todo tipo de desperdicios, que hay orines por toda la calle y que, incluso, el robo en el interior de vehículos es el pan de cada día. Explican que desde que han denunciado públicamente la situación se ve más presencia de coches policiales, pero ello no significa que disminuyan los problemas.