Si hay algo claro es el fracaso jurídico y normativo que ha hecho posible que proliferen estas desokupaciones privadas
28 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Dos mil euros por desokupar un piso. Habrá quien piense que es una barbaridad de dinero, pero también quien esté dispuesto a dar incluso más por que le saquen del apartamento a la pandilla de túzaros que ahora ven la tele repantigados en su sofá. Pero hay algo indiscutible: si existe el servicio, con empresas que viven de ello, es porque hay una demanda real.
Esta semana, en un reportaje del periodista de La Voz Alberto Mahía hemos visto cómo trabaja un profesional de la desokupación que acaba de liberar un edificio en la ronda de Nelle de A Coruña. Según este testimonio, su empresa ha intervenido en 4.096 propiedades, con éxito en 4.094 ocasiones. Bien, ahí tienen el interés real, la demanda. Incontestable.
Pero me asaltan unas cuantas dudas sobre este planteamiento. El profesional asegura que utiliza sobre todo un método persuasivo. Mediante el diálogo convence a los okupas de lo que pasaría si no se fuesen. No tengo por qué dudarlo, seguro que él procede así y que es cierto lo que dice. Pero ¿cómo puedo saber que no hay empresas que ofrecen a los usurpadores una parte de la tarifa que pagan los dueños de las viviendas? Dos mil euros o más.
Además, el empresario del reportaje afirma que no cobra el servicio si la familia afectada está sin ingresos. Pero ¿proceden así todos los profesionales? Y en cualquier caso, ¿dónde está el umbral de la gratuidad? No creo que el mejor sistema sea el que resuelve solo las okupaciones de quienes pueden pagar un desalojo. Y si hay algo claro en todo esto es el fracaso jurídico y normativo que ha hecho posible que proliferen estas desokupaciones privadas por la incapacidad de nuestro sistema para solucionar este drama. Urge un cambio radical de la ley.