A la joven Cristina la mataron hace 18 años en su oficina de A Coruña y nadie pagó por ello

Cristina Rodríguez Paz tenía 26 años y un montón de sueños por cumplir cuando un desalmado la mató. La joven apareció sin vida en la oficina en la que trabajaba en la calle Honduras, en el barrio de Labañou. Alguien la había asfixiado con el cable de un ordenador. Han pasado 18 años de aquel horrendo crimen y nadie pagó por ello. Aunque en un principio se sospechó de un compañero, un jurado popular lo absolvió por falta de pruebas. La familia de la víctima removió cielo y tierra desde entonces para encontrar una prueba que reabra el caso. Pero por el momento seguimos sin una sola pista. Lo peor es que el tiempo corre y si esta no llega en dos años, el caso será archivado y la muerte de Cristina acabará en el estante de los crímenes sin resolver.

El cuerpo sin vida de Cristina lo encontró la hija del propietario de la empresa nada más acceder a las instalaciones, que permanecían abiertas a cal y canto. Eran las 18.30 horas del 10 de febrero del 2003. La chica, al ver el cadáver, no pudo más que gritar y gritar. En eso, apareció de pronto un comercial que se hallaba en el almacén, quien llamó al 061.

A los pocos minutos, la policía ya le tenía echado el ojo a ese compañero que se encontraba en la zona de almacén. A los agentes les olió a chamusquina que no hubiese escuchado nada de nada. ¿Cómo era posible que no se enterase de lo ocurrido si en la empresa, que era pequeña, solo estaban él y la víctima? Y, en teoría, separados apenas por una pared. El ya sospechoso lo achacó a que había llegado al establecimiento minutos antes y se dirigió directamente al almacén, sin mirar a la oficina, por lo que pudiera ser que al entrar Cristina ya estuviese muerta.

Podría ser verdad. Pero también podría ser mentira. Así que los investigadores tiraron del hilo y, puntada a puntada, llegaron a la conclusión de que se trataba de un crimen pasional. Creyeron que este compañero estaba perdidamente enamorado de Cristina y, ante el rechazo de esta, decidió matarla en un ataque de ira.

No es que fueran novios ni estuvieran a punto de serlo. La joven ya tenía pareja y, según allegados, no sentía atracción alguna por el hombre que, según creía la policía entonces, le rodeó el cuello con un cable hasta dejarla moribunda en el suelo. No se llevaban mal. Entraron en la empresa casi juntos, a últimos del 2001. Algunos de sus compañeros bromeaban sobre su soltería y hasta les animaban, entre risas, a que iniciaran un romance. Cristina sonreía, pero el detenido no era hombre al que le gustasen las bromas. A pesar de que nadie pudo decir que lo conocía bien debido a su carácter introvertido, dieron pinceladas: tímido, trabajador, educado y muy callado.

El sospechoso -hoy libre de toda culpa- aparecía por la empresa de la calle Honduras por la mañana, realizaba unas cuantas llamadas a clientes y desaparecía hasta el día siguiente. Aquel 10 de febrero no acudió a la oficina por la mañana. Le explicó a su jefe que había tenido un pequeño accidente de tráfico. Pero sí lo hizo por la tarde.

Desde el día del crimen, los policías lo siguieron casi a diario y a la espera de que cometiese un error que lo delatase. Desde el principio se descartó el móvil del robo, a pesar de que faltaba el dinero de la caja, que estaba guardada en un lugar que solo conocían los empleados.

El hombre fue detenido dos meses y medio después. Pasó dos años en la cárcel a espera de juicio y cuando este se celebró, el jurado popular lo declaró no culpable. La familia de Cristina recurrió ante el TSXG y perdió. Tampoco el Supremo ordenó repetir el juicio. ¿La razón? Sin testigos, no había una sola prueba que lo incriminase. Ni nadie que pudiese probar que estuviera en la empresa a la hora exacta del crimen. Y lo más importante: No había ADN del acusado en las uñas de la víctima ni sus huellas en la escena del crimen.

Así que ahora el caso no es que esté como al principio, sino «mucho peor», como sostiene la familia de Cristina. Pese a todo, su madre, Granada Paz, no quiere perder la esperanza. «Tengo la confianza de que se resolverá», dice entre lágrimas. «Voy al cementerio y hablo con ella. Creo que me pide que siga luchando», concluye a sabiendas de cómo funciona la ley.

Porque formular acusación contra otra persona por la muerte de Cristina Rodríguez resultaría bastante complicado.

El tiempo transcurrido corre en contra de la aparición de nuevas evidencias. La prescripción del delito es otro de los aspectos a tener en cuenta respecto a la resolución final. La investigación puede reabrirse, pero solo dentro del plazo fijado por la ley. En este caso se trata de un homicidio y la pena máxima que se puede pedir es de 15 años. La ley dice que para los delitos que tengan señalada como pena privativa de libertad ese período, el plazo de prescripción es de 20.

Es decir, si el caso de la joven permaneciese paralizado dos años más, ya no sería posible acusar a ninguna persona por la muerte ni reclamarle ninguna responsabilidad penal por ello. 

El acusado del crimen de Labañou dice que no hay pruebas que lo incriminen

S. Basterrechea

El homicidio

Una joven empleada de una empresa de instalación de gas de la calle Honduras, en A Coruña, apareció estrangulada con un cable en su oficina. Sucedió el 10 de abril del 2003.

La víctima

Cristina Rodríguez Paz tenía 26 años cuando fue asesinada. Procedente de Friol (Lugo), llevaba dos años trabajando como asesora técnica en Noroeste de Gas Canalizado.

La investigación

La policía detuvo dos meses y medio después del crimen a uno de sus compañeros de trabajo. Estuvo dos años en prisión hasta que fue juzgado. El jurado popular lo declaró no culpable por falta de pruebas.

Un caso a punto de archivar

Hoy por hoy es un caso abierto. Si se presenta una prueba, podría reabrirse. Pero esta debe aparecer antes de que se cumplan 20 años. Solo faltan dos.

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